La Fiscalía de Perú ha solicitado una condena de cinco años y cuatro meses de cárcel para el aspirante a la Presidencia por Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, al atribuirle varios delitos vinculados a la financiación de su campaña entre 2018 y 2020.
Además, el Ministerio Público ha pedido la “inhabilitación definitiva” de Sánchez como presidente de la formación, al imputarle dos delitos: “falsa declaración en procedimiento” administrativo y falsedad documental, según detalla el escrito revelado por el diario 'El Comercio de Perú'.
En concreto, la Fiscalía sostiene que el dirigente de Juntos por el Perú, actuando como representante legal del partido, habría consignado información falsa ante la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con motivo de los comicios municipales y regionales de 2018.
Según la ONPE, Juntos por el Perú informó de ingresos por “cero soles”, mientras que la acusación afirma que la organización política habría recibido aportaciones superiores a 200.000 soles (unos 50.000 euros), fondos que se habrían ingresado en una cuenta bancaria a nombre de William Sánchez Palomino, expresidente del Comité Nacional Electoral de JP y hermano del actual candidato presidencial.
El Ministerio Público también le atribuye haber proporcionado datos falsos sobre ingresos y gastos en la campaña de las elecciones de 2020, así como sobre la financiación global del partido durante ese ejercicio.
El letrado de Sánchez, Carlos García Asenjo, ha rechazado los cargos, argumentando que su cliente no es el responsable de la elaboración de los reportes financieros de la organización, tarea que corresponde al tesorero. “El Ministerio Público está confundiendo quién es el verdadero transmisor de la información económica del partido. Quien envía la información económica del partido o quien es el responsable de elaborar e informar sobre las cuentas es el tesorero. Lo que hace el señor Roberto Sánchez es agarrar el informe, hacer una carta indicando que está adjuntando la información económica elaborada por el tesorero y presentarla ante la ONPE”, ha manifestado en declaraciones difundidas por la emisora peruana RPP.
Está previsto que Roberto Sánchez se enfrente en segunda vuelta a Keiko Fujimori el próximo 7 de junio, después de imponerse a Rafael López Aliaga por un estrecho margen de apenas 14.000 votos, con el 99,63% del escrutinio completado, en una primera ronda marcada por la controversia.
Paralelamente, el exjefe de la ONPE Piero Corvetto y otros seis funcionarios se encuentran bajo investigación por presuntas irregularidades, tras las denuncias de unos 60.000 votantes, en su mayoría en Lima, que aseguraron no haber podido sufragar el día de la elección por la falta de material electoral. A raíz de ello, las autoridades decidieron extender la jornada de votación hasta el lunes 13 de abril.