La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —el órgano de justicia transicional creado tras los acuerdos de paz con las FARC en 2016— ha decidido reconocer como víctima al conocido guerrillero Ricardo Palmera Pineda, alias “Simón Trinidad”, dentro del caso 06, centrado en el “genocidio político” contra el partido Unión Patriótica.
La resolución de la JEP da respuesta a una solicitud presentada por “Simón Trinidad” en diciembre de 2025, en la que denunció haber sido objeto de persecución por su militancia en la Unión Patriótica entre 1985 y 1987, antes de incorporarse a la guerrilla de las ya disueltas FARC, organización en la que llegó a participar en diversos procesos de negociación con el Gobierno colombiano.
Con este reconocimiento, el tribunal le otorga un rol especial en todas las etapas del proceso judicial, “garantizando así que tendrá las facultades necesarias para participar de manera efectiva en las actuaciones de la JEP”, según recoge la propia jurisdicción.
En su trayectoria dentro de las FARC, “Simón Trinidad” asumió la responsabilidad de la formación política y de la propaganda del grupo armado. Además de ser uno de sus negociadores en varios intentos de paz, fue detenido en 2004 en Ecuador, adonde se había desplazado para reunirse con un emisario de la ONU, y posteriormente extraditado a Estados Unidos, país en el que cumple una pena de 60 años por su participación en el secuestro de tres contratistas estadounidenses.
PETRO CONCUERDA CON LA DECISIÓN
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha pronunciado sobre esta decisión a través de sus redes sociales y ha señalado que la trayectoria de “Simón Trinidad” y de otros exguerrilleros como Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, refleja la de víctimas que terminan convirtiéndose en “victimarios” ante la ausencia de “justicia y reparación”.
“Sufrieron con sus familias la persecución y el genocidio hecho sobre el partido de izquierda, Unión Patriótica”, ha contado el presidente colombiano. “La reacción de muchos perseguidos fue tomar las armas”, ha argumentado.
En sus investigaciones, la JEP ha establecido que alrededor de 5.730 personas —entre simpatizantes, aspirantes a cargos, autoridades electas y militantes de la Unión Patriótica (UP)— fueron asesinadas con total impunidad en el marco de una alianza entre sectores del Ejército, grupos paramilitares y redes del narcotráfico durante casi tres décadas, especialmente en los años 80 y 90.