El tribunal de Camboya responsable del caso contra el dirigente opositor Kem Sokha ha resuelto ratificar la pena de 27 años de prisión impuesta al veterano político, dictada en 2023 por “conspirar con agentes extranjeros para desestabilizar al Estado”. Además, la corte ha incorporado una nueva restricción que le vetará salir del país durante los cinco años posteriores a la finalización de la condena, prevista para 2050.
Sokha, de 73 años, permanece actualmente en arresto domiciliario, por lo que, si la sentencia se mantiene íntegra, pasará el resto de su vida sin recuperar la libertad ni poder abandonar Camboya. El Tribunal de Apelaciones de la capital, Nom Pen, también ha tumbado los recursos de otros 33 activistas, que seguirán cumpliendo penas de entre 18 meses y dos años de cárcel por crear “agitación social”.
En declaraciones al “Khmer Times”, uno de los defensores de Sokha, Heng Pheng, ha expresado sus dudas sobre la voluntad de su cliente de seguir peleando el caso ante la última instancia judicial. “Lamentamos la decisión pero no estamos seguros de que su excelencia vaya a apelar al Supremo”, ha señalado el abogado, que ha insinuado que podrían confiar en eventuales medidas de gracia si prospera “la necesaria reconciliación nacional que hace falta” en el país.
Como era previsible, el fallo ha recibido duras críticas de organismos internacionales que desde hace años denuncian una campaña de acoso político contra el opositor. Entre ellos figura la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, dirigida por el austriaco Volker Turk, “extremadamente preocupado” por las resoluciones judiciales.
“Estas condenas y sentencias son claramente incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y corren el riesgo de agravar aún más el considerable efecto disuasorio que ejercen las leyes penales amplias y de redacción ambigua, así como su aplicación arbitraria, sobre la sociedad civil, los periodistas y la población en general de Camboya”, ha manifestado el portavoz de Turk, Jeremy Laurence, en una comparecencia ante la prensa este viernes en Ginebra.
“Kem Sokha y las otras 33 personas ejercían su derecho a la libertad de expresión. Sus juicios también suscitan preocupación por las violaciones del debido proceso y del derecho a un juicio justo”, ha concluido.