La Justicia de Ecuador ha desestimado la petición de 'habeas corpus' presentada por la defensa del exvicepresidente Jorge Glas, condenado a 13 años de prisión por delitos de corrupción. La resolución llega apenas dos días después de que Glas denunciara "tratos crueles y degradantes" durante su estancia en una prisión de máxima seguridad, donde sostiene que su salud se ha visto seriamente afectada.
El juez Jean Daniel Valverde concluyó que “No se establece en el sentido estricto de la condición de los informes, médicos y tratamientos clínicos, psiquiátricos y psicológicos, que exista una situación de gravedad o que se determine una necesidad para llevar al señor Glas hacia una casa de salud”, según informa el diario ecuatoriano 'Primicias'.
En su decisión, Valverde añadió que "no existe violación de derechos en contra" del exvicepresidente, por lo que deberá continuar cumpliendo su condena en la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.
Durante el proceso, la defensa de Glas alegó que recibe una atención médica insuficiente y limitada, y que es objeto de "tratos crueles y degradantes", además de "una tortura psicológica sistemática" dentro del centro penitenciario.
Glas, que fue vicepresidente en el Gobierno de Rafael Correa en 2013 y posteriormente con Lenín Moreno en 2017, afronta dos condenas por cohecho y asociación ilícita vinculadas a los casos Obedrecht y Soborno. A ello se suma una sentencia en primera instancia a trece años de cárcel por el caso Reconstrucción de Manabí.
Tras haber cumplido parte de una pena unificada por delitos de corrupción, el exvicepresidente obtuvo un régimen de prelibertad bajo determinadas condiciones. No obstante, en diciembre de 2023 se refugió en la Embajada de México. En abril de 2024, fue sacado por la fuerza de la legación diplomática, pese a haber recibido asilo del Ejecutivo mexicano entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Después de su arresto, Glas fue enviado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en el suroeste de Ecuador. Posteriormente, este mismo año, fue sentenciado a 13 años de reclusión por un presunto delito de peculado en el caso “Reconstrucción de la provincia de Manabí”, relacionado con la administración de los fondos destinados a la recuperación tras el terremoto de 2016.