La Justicia de Perú ha dado curso a una demanda de “habeas corpus” interpuesta en favor de la ex primera ministra Betssy Chávez, sentenciada a once años de prisión por su papel en el intento de golpe de Estado de 2022. El objetivo del recurso es obtener el salvoconducto necesario para que pueda abandonar el territorio peruano con destino, previsiblemente, a México, país en cuya Embajada en Lima permanece refugiada desde noviembre del año pasado.
El escrito, formulado por un ciudadano particular contra el presidente peruano, José Jerí, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Fiscalía y el Poder Judicial, reclama igualmente que ninguna autoridad del Estado esté facultada para allanar o intervenir en la Embajada de México en la capital peruana.
La resolución judicial recoge como válidos los argumentos que señalan que el presidente Jerí “habría manifestado la posibilidad” de ordenar a las fuerzas de seguridad el ingreso en la sede diplomática mexicana, amparándose en “un mandato judicial de prisión preventiva” dictado contra la ex jefa de Gobierno.
Asimismo, el fallo subraya que cualquier entrada forzosa en una Embajada extranjera constituiría una “violación internacional” y fija un plazo de tres días para que las instituciones demandadas presenten sus respectivas alegaciones.
La concesión del salvoconducto corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Presidencia. Las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedaron rotas después de que el país norteamericano diera acogida a Chávez, condenada a once años y cinco meses de cárcel por su participación en el fallido autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo el 7 de octubre de 2022.