Naciones Unidas ha advertido este viernes de que las elecciones presidenciales previstas para el 15 de enero en Uganda, en las que el actual jefe de Estado, Yoweri Museveni, tratará de prolongar su mandato de casi cuatro décadas, se celebrarán en un entorno “marcado por la represión generalizada y la intimidación” contra opositores, activistas y profesionales de la prensa.
Un informe difundido por la oficina de Derechos Humanos de la ONU detalla que las autoridades se están amparando en diversas leyes aprobadas o modificadas desde los comicios de 2021 para “reforzar la represión y la impunidad” y recortar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica de cara a la cita con las urnas, en la que Museveni volverá a medirse al líder opositor Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine.
“Las autoridades ugandesas deben garantizar que todos los ugandeses pueden participar de forma libre y segura en las elecciones, tal y como es su derecho según el Derecho Internacional”, ha señalado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. “Deben, entre otras cosas, garantizar que no se hace un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, incluida fuerza letal, para dispersar a manifestantes pacíficos”, ha añadido.
El documento de la oficina de Turk indica que normas aprobadas en 2022 y 2024 se han utilizado para “silenciar” a voces críticas y rivales políticos, mediante detenciones de opositores y activistas, redadas en sedes de partidos y confiscación de bienes. También se han producido suspensiones de emisoras de radio, arrestos de blogueros y trabas al funcionamiento de organizaciones no gubernamentales.
En este sentido, subraya que “se han aplicado restricciones indebidas a partidos opositores, particularmente a la Plataforma de Unidad Nacional (NUP) --el partido de Bobi Wine--, a través de varios medios, incluidos bloqueos de carreteras, redadas, incautización o bloqueo al acceso en sedes y oficinas, confinamiento forzoso en residencias y dispersión forzosa” de sus actos y encuentros políticos.
El informe recoge igualmente que el veterano opositor Kizza Besigye permanece arrestado “bajo cargos cuestionables de traición” tras ser “secuestrado” en Kenia en noviembre de 2024 y trasladado después a Uganda. A ello se suma la reciente detención de la activista Sarah Bireete y la decisión de las autoridades de vetar la difusión de “disturbios” en el periodo previo a los comicios.
Asimismo, el texto denuncia que las fuerzas de seguridad han empleado armas de fuego de manera ilegal, incluidos disparos, para disolver protestas y concentraciones pacíficas, y que con frecuencia utilizaron furgonetas sin distintivos, conocidas como ‘drones’, para “secuestrar” a opositores y manifestantes, que posteriormente fueron recluidos en régimen de aislamiento.
“Esas tácticas, basadas en justificaciones jurídicas vagas u oscuras, también han restringido desproporcionadamente la libertad de movimiento de los líderes y simpatizantes de los partidos de oposición, obstaculizando su capacidad de viajar por todo el país para participar en mítines políticos y esfuerzos de movilización”, concluye el informe de la oficina de Turk.
Museveni, que asumió el poder en 1986 tras la guerra civil de 1980-1986, en el contexto del derrocamiento del dictador Idi Amin en 1979 y, posteriormente, de Milton Obote por denuncias de fraude en las elecciones del año siguiente, concurrirá en enero con el objetivo de extender sus 40 años de mandato al frente de Uganda.
El presidente pretende así adentrarse en una quinta década en el poder, en un clima de crecientes acusaciones de represión. Bobi Wine ha sido arrestado en repetidas ocasiones y, tras las presidenciales de 2021, denunció un fraude en favor del mandatario, se negó a aceptar los resultados y acusó a Museveni de manipular el proceso electoral para perpetuarse en el cargo.