Naciones Unidas ha censurado el asesinato del líder social Freiman David Velásquez en el marco de una nueva masacre con cinco víctimas mortales registrada en el departamento de Norte de Santander, en el norte de Colombia, y ha instado a las autoridades del país a intensificar las pesquisas.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para Colombia ha repudiado en un comunicado los “homicidios” de las cinco personas que murieron en el ataque y ha recordado a los “grupos armados no estatales que está prohibido por el Derecho Internacional atacar a la población civil”.
“Les pedimos cumplir con las normas del Derecho Internacional a las que están obligados estos grupos y llamamos a las autoridades a investigar y sancionar estos crímenes y a implementar las políticas de seguridad y de desmantelamiento, así como todas las medidas necesarias para proteger a la población civil”, ha zanjado.
El atentado en el que perdió la vida Velásquez, integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), también acabó con la vida de Iván Stiven Camacho Castillo, Yidy Smith Velásquez Benítez y Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez, todas ellas vinculadas igualmente a dicha organización.
Asimismo, fallecieron otras dos personas: dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Robinson Carvajalino Gómez y Sebastián Murillo Flórez, que formaban parte del dispositivo de seguridad asignado al dirigente social, de acuerdo con la información difundida por la emisora Blu Radio.
Velásquez promovía proyectos comunitarios orientados a la sustitución de cultivos y al impulso de iniciativas productivas en Catatumbo, en particular en torno a viveros de café y cacao. Su labor se enfocaba además en consolidar “procesos de reconciliación y desarrollo territorial” en la zona, según ha detallado ASUNCAT.
“Acciones violentas como la ocurrida en Ábrego constituyen una afectación directa a los esfuerzos de transformación territorial y reconciliación que adelantan las comunidades locales de manera conjunta con las instituciones del Estado y los gobiernos locales”, señala el comunicado.