Naciones Unidas ha instado este martes a las autoridades militares de Malí a que lleven a cabo investigaciones exhaustivas sobre todas las denuncias de violencia, incluidas posibles ejecuciones extrajudiciales, tras la ofensiva conjunta iniciada el 25 de abril por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) —filial de Al Qaeda en el Sahel— y el grupo separatista tuareg Frente para la Liberación del Azawad (FLA).
“Nos preocupa profundamente el empeoramiento de la situación de los Derechos Humanos en todo Malí tras los ataques coordinados a gran escala perpetrados por grupos armados contra varias ciudades y pueblos los días 25 y 26 de abril, que provocaron numerosas bajas entre la población civil y obligaron a muchos más a huir de sus hogares”, ha señalado Seif Magango, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.
El portavoz ha indicado que durante el fin de semana se registraron nuevos choques armados en Hombori y Gourma Rharous, “con consecuencias desastrosas para los civiles”, reiterando el llamamiento de Turk a “un fin inmediato de los combates”. También ha reclamado que “todas las partes” respeten el Derecho Internacional Humanitario, “incluida la protección de civiles e infraestructura civil”.
Magango ha aludido igualmente a “las informaciones muy preocupantes” sobre “ejecuciones extrajudiciales y secuestros”, “presuntamente llevadas a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad” tras los ataques mencionados, entre ellas el secuestro del político y abogado Mountaga Tall en su domicilio por “dos hombres enmascarados” que golpearon a su esposa cuando trataba de grabar la escena. También familiares del opositor Oumar Mariko, actualmente en el exilio, habrían sido secuestrados.
En este contexto, ha destacado que las autoridades malienses han abierto investigaciones sobre los ataques con el fin de llevar ante la justicia a los responsables, y ha pedido que dichas pesquisas “sean exhaustivas y aborden todas las denuncias sobre violaciones y abusos” y que “sean llevadas a cabo en línea con las leyes y normas del Derecho Internacional”. “El arresto y detención de sospechosos debe respetar el debido proceso y no ser discriminatorio”, ha recalcado.
Por otro lado, ha advertido del peligro de muertes por hambre en la coyuntura actual y ha recordado que el alcalde de Diafarabe, en la región central de Mopti, solicitó el domingo a las autoridades que actuaran en 48 horas para evitar ese escenario ante la falta de alimentos. Tanto esta localidad como la capital, Bamako, “se encuentran en estos momentos bajo un bloqueo” impuesto por JNIM.
“Estos bloqueos tienen consecuencias inaceptables para la población civil y deben cesar de inmediato”, ha manifestado Magango, subrayando que Turk “insta a las autoridades malienses y a todos los grupos armados no estatales a que permitan y faciliten el acceso humanitario seguro, sostenible y sin restricciones a todas las personas necesitadas”.
El panorama en el país continúa dominado por la incertidumbre y los enfrentamientos esporádicos, después de que JNIM llamara el viernes a un “frente unido” para derrocar a la junta militar que gobierna el país desde 2020 y abrir “una transición pacífica e inclusiva”, pese a que el presidente de transición, Assimi Goita, había asegurado días antes que todo estaba “bajo control”.
Malí está actualmente bajo el mando de una junta militar surgida de los golpes de Estado de agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, hoy presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha estrechado lazos con Rusia y se ha alejado de sus socios occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.