Naciones Unidas ha asegurado que sus 'cascos azules' continúan desplegados en el estado sursudanés de Jonglei, pese a la orden de evacuación emitida por el Ejército de Sudán del Sur en tres condados ante una inminente ofensiva a gran escala contra fuerzas rebeldes y opositoras, en un contexto de deterioro de la seguridad tras los últimos enfrentamientos.
El portavoz de las Fuerzas Armadas sursudanesas, Lul Ruai Koang, detalló el domingo que los habitantes de las comunidades de Nyirol, Uror y Akobo deben “evacuar por su seguridad hacia zonas controladas por el Gobierno” en un plazo de 48 horas, en referencia a áreas en manos del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO).
La orden, ligada al arranque de la operación 'Paz Duradera', que será lanzada de forma “inminente”, incluye igualmente una solicitud de retirada de los 'cascos azules' y de las organizaciones humanitarias presentes en la zona, escenario desde hace meses de los choques más intensos desde el acuerdo de paz suscrito en 2018.
Una portavoz de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) indicó a Europa Press que la misión “ha visto el comunicado del portavoz de las Fuerzas de Defensa Popular de Sudán del Sur en relación con la situación en Jonglei y la orden de evacuación”. Añadió que “nuestras tropas de pacificación siguen sobre el terreno en Akobo, dando una presencia protectora dentro de sus posibilidades y manteniendo contacto estrecho con las autoridades y comunidades locales sobre el desarrollo de la situación”, sin aclarar el despliegue en Nyirol y Uror.
Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, subrayó en rueda de prensa que la UNMISS ha expresado su “creciente preocupación por las amenazas sobre operaciones militares a gran escala en Jonglei que podrían poner en riesgo a cientos de miles de civiles”, en un contexto de aumento del “discurso de odio” que “azuza las tensiones étnicas”.
Dujarric recalcó que “la UNMISS pide a todas las partes que cesen las hostilidades y a abstenerse de amenazas o acciones que fomenten el miedo, el odio y la violencia”, antes de remarcar que “la Misión insta a todas las partes a proteger la seguridad y la libertad de movimiento de todo el personal de la ONU y recuerda a todas las partes la inviolabilidad de todas las instalaciones de la ONU, así como de nuestros activos”.
En esta línea, afirmó que “esto incluye las bases en Jonglei, donde las fuerzas de paz están haciendo todo lo posible para apoyar a las comunidades afectadas en condiciones extremadamente difíciles”, y destacó que las tropas de pacificación “siguen apoyando la prevención del conflicto y el proceso de paz como socio imparcial”. Insistió además en que “es clave que estos esfuerzos no sean socavados por la desinformación o por cualquier acción hostil”.
Avances del Ejército en Jonglei y escalada de la violencia
En las últimas horas, la situación sobre el terreno ha estado marcada por el avance del Ejército, que ha tomado las localidades de Tiam y Wek, próximas a la ciudad de Yuai, según la emisora Radio Tamazuj. Yuai había caído a principios de enero en manos del SPLM-IO, liderado por el antiguo comandante rebelde y actual vicepresidente primero, Riek Machar, bajo arresto desde hace meses.
Estos progresos de las fuerzas gubernamentales se producen después de que un alto mando militar, el general Johnson Olony, instara a los soldados a que “no perdonen vidas” en su ofensiva en Jonglei, en un contexto de conflicto étnico entre los nuer, grupo al que pertenece Machar, y la comunidad dinka del presidente Salva Kiir.
Olony, que pidió a las tropas que “no perdonen ni una vida, ni a una persona mayor, ni a las gallinas”, ejerce como jefe adjunto del Ejército para el Desarme y la Movilización y lidera las milicias de la División Agwelek, compuestas por “miles de efectivos” que no están totalmente integrados en las fuerzas regulares y que a menudo operan con autonomía.
Las declaraciones de Olony llevaron a la UNMISS a expresar su alarma y a recalcar, en un mensaje en el que no le menciona directamente, que “la retórica incendiaria que incita a la violencia contra los civiles, incluidos los más vulnerables, es absolutamente aborrecible y debe cesar ya”, especialmente tras el desplazamiento de 18.000 personas por los últimos combates.
Graham Maitland, oficial a cargo de la misión de la ONU en el país, afirmó que “la UNMISS insta a los líderes del país a priorizar los intereses de su pueblo cesando las hostilidades y respetando los compromisos adquiridos en virtud del acuerdo de paz”. Añadió que “esto incluye retomar un proceso de toma de decisiones basado en el consenso, respetar los acuerdos de reparto de poder y acordar una forma de concluir pacíficamente el período de transición mediante un diálogo inclusivo”.
Rebrote del conflicto en 2025 y crisis política
El actual repunte de la violencia se remonta a febrero de 2025, cuando la milicia White Army (Ejército Blanco) lanzó una ofensiva contra el Ejército sursudanés en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo, cerca de la frontera con Etiopía, y llegó a hacerse temporalmente con el control de la localidad antes de ser expulsada por las fuerzas gubernamentales al mes siguiente.
Tras estos sucesos, las autoridades colocaron a Machar bajo arresto domiciliario, acusándole de conspirar contra la seguridad del Estado. El SPLM-IO denunció entonces una violación del acuerdo de paz y advirtió del riesgo de un conflicto a gran escala si su líder no era liberado.
En las semanas posteriores surgieron fracturas internas en el seno del SPLM-IO, especialmente después de la apertura del juicio contra Machar por cargos de asesinato, traición, conspiración, financiación del terrorismo, actos contra las autoridades estatales y crímenes contra la humanidad por su presunta implicación en los combates en Alto Nilo.
La tensión política se tradujo en un incremento de los enfrentamientos en otras regiones del país, incluida una ofensiva conjunta del SPLM-IO y el grupo rebelde Frente de Salvación Nacional (NAS) en Ecuatoria Occidental, en el sur. El Gobierno insistió en que la situación estaba bajo control, aunque estos episodios evidenciaron el riesgo real de reanudación de la guerra.
La crisis se produce después de que el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para prolongar dos años más el periodo de transición. La comunidad internacional criticó la medida y reclamó a Yuba avances tangibles en la aplicación íntegra del acuerdo de paz de 2018, recordando que siguen pendientes compromisos clave, como la celebración de elecciones.