El Parlamento de Taiwán ha dado este viernes luz verde al inicio de los trámites para someter al presidente Lai Ching Te a un juicio político, aprovechando la mayoría que ostenta una oposición encabezada por el veterano Kuomintang (KMT), alineado con Pekín, aunque por el momento no dispone del respaldo suficiente para sacar adelante la destitución.
El Yuan Legislativo ha avalado por 60 votos a favor y 51 en contra la moción preliminar de ‘impeachment’, tras una escalada de choques entre el Ejecutivo y la oposición que tuvo su punto álgido el 15 de diciembre, cuando el presidente Lai se negó a promulgar una ley fiscal impulsada por la mayoría opositora para aumentar el reparto de recursos a los gobiernos locales, en gran parte bajo control del KMT.
Este gesto inédito ha sido interpretado por el KMT como la confirmación de sus acusaciones de los últimos meses: que el jefe del Estado taiwanés actúa de forma autoritaria y vulnera la Constitución.
A este pulso se suma el rechazo frontal de la nueva líder del KMT, Cheng Li Wun, a algunas de las principales apuestas de Lai, entre ellas el fuerte incremento del presupuesto de Defensa, del 23 por ciento para el próximo año, con el objetivo de reforzar las capacidades militares frente a la amenaza que el presidente identifica en China continental.
El partido de Lai ha optado por votar en contra de la iniciativa, subrayando que el KMT y el Partido Popular de Taiwán no alcanzan la mayoría cualificada de dos tercios imprescindible para destituir al mandatario, y denunciando que la verdadera intención de la oposición es someterle a un examen público.
Con todo, y en un intento de rebajar la tensión, la portavoz de la Oficina Presidencial, Karen Kuo, ha señalado que el Ejecutivo no tiene previsto impugnar el arranque del procedimiento tras comprobar que, por ahora, es “legal, constitucional y procesalmente sólido”.
El conflicto se desarrolla en un escenario de casi bloqueo institucional: la oposición está utilizando su ventaja numérica para frenar o dilatar las iniciativas legislativas del Gobierno, mientras el equipo de Lai se resiste a aplicar varias medidas aprobadas por el bloque opositor, al que acusa de extralimitarse en sus funciones.
Pese a ello, las distintas fuerzas políticas han logrado cierto grado de entendimiento que permite mantener en marcha la administración del territorio, aunque el proceso se prevé prolongado. Incluso si el ‘impeachment’ superara la votación definitiva en la Cámara, prevista para mayo del año próximo, la causa debería afrontar después un extenso examen en el Tribunal Constitucional, cuyos jueces de primera instancia en activo fueron designados por la expresidenta Tsai Ing Wen, perteneciente al mismo partido que Lai.