El Ejecutivo de Bolivia ha acusado este sábado a la Central Obrera Boliviana (COB) de impulsar un paro general indefinido amparado en un supuesto “plan conspirativo”, al tiempo que ha reiterado su disposición a entablar diálogo para abordar las reivindicaciones del sindicato.
El portavoz de la Presidencia, José Luis Gálvez, detalló que la COB ha registrado un total de 211 peticiones y exigencias, de las cuales 180 ya habían sido formuladas a anteriores gobiernos del Movimiento Al Socialismo, fuerza política cercana a la central obrera, sin que se hubieran resuelto.
“Resolvámoslo ahora, pero cómo lo vamos a resolver si no quieren sentarse a conversar”, expuso Gálvez en declaraciones a El Deber Radio, donde aludió a posibles motivaciones políticas y a eventuales apoyos financieros externos que estarían detrás de la protesta.
“El hecho de no querer diálogo, de insistir en bloqueos, de obligar a la población a no trabajar, además de pedir la renuncia del presidente, es conspirativo”, afirmó el portavoz, que cuestionó la estrategia de presión adoptada por la central sindical.
Gálvez criticó igualmente las exigencias de incrementos salariales, señalando que algunos dirigentes reciben ingresos equivalentes a “15, 16 y hasta 18 veces el salario mensual en sus cuentas bancarias”. A su juicio, una subida en esas condiciones impactaría sobre gremialistas y pequeños empresarios, con peligro de despidos y cierre de unidades productivas, en un contexto de crisis económica que atribuyó a la gestión de administraciones anteriores.
La COB puso en marcha el pasado 1 de mayo un paro general indefinido con movilizaciones, tras el cabildo nacional que congregó a representantes de los nueve departamentos del país.
“Se ha declarado el paro general indefinido movilizado para apoyar a nuestros compañeros movilizados y si el Gobierno no soluciona de manera inmediata, tiene que dar un paso al costado”, manifestó el dirigente de la COB Mario Argollo, al anunciar la medida de presión.
Argollo subrayó que la huelga también responde al encarecimiento de la canasta básica, al aumento del desempleo y a las críticas por el suministro de combustibles, sumado a la denuncia de ausencia de respuestas efectivas por parte del Gobierno.
El dirigente sindical acusó además la existencia de nepotismo en distintos ministerios y cargó contra el ministro de Trabajo, Édgar Morales, asegurando que “toda su familia está metida” en esa cartera. Paralelamente, retó a las autoridades a comprobar sobre el terreno las condiciones laborales de los mineros y de los trabajadores del ámbito rural.