Los Estados que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) han denunciado el “robo” de un nuevo petrolero venezolano por parte de Estados Unidos y han advertido de que este episodio marca un “grave precedente” en el ámbito internacional.
“Estas acciones forman parte de la estrategia para sustituir las normas por la intimidación y el despojo”, han aseverado en un comunicado, difundido tras la interceptación el sábado de un segundo buque por fuerzas estadounidenses cuando trasladaba crudo venezolano.
En la nota, los países del bloque responsabilizan a Washington de “actuar como un corsario” y “privar ilegítimamente de libertad a la tripulación” del buque, subrayando que “este grave acto de piratería cometido en aguas internacionales viola la letra y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas, los principios fundamentales del Derecho Internacional y el texto de la Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima”.
El ALBA-TCP sostiene igualmente que se trata de “una agresión inadmisible contra el comercio legítimo y la soberanía de los Estados”, que “desenmascara una intención deliberada de saqueo de los recursos naturales de un país soberano y establece un gravísimo precedente para la región y para el sistema internacional en su conjunto”.
En esta línea, la alianza interpreta estos hechos como “una estrategia supremacista de dominación neocolonial” dirigida a “imponer por la fuerza un orden anárquico en el que prevalezca la violencia, socavando el Derecho Internacional y sustituyendo las normas por la intimidación y el despojo”.
“La Alianza Bolivariana reitera su solidaridad plena y activa con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y respalda el ejercicio de todas las acciones jurídicas y diplomáticas correspondientes ante las instancias multilaterales competentes”, ha manifestado el bloque regional.
Los países miembros reclaman además el fin “inmediato” de estas actuaciones consideradas ilegales y la depuración de “responsabilidades”. “Es una acción repudiable que supone una agresión directa a todas las naciones”, han sostenido.
Una nueva incursión de Estados Unidos frente a Venezuela
Estados Unidos llevó a cabo el domingo una tercera operación de este tipo en aguas próximas a Venezuela, pese a que el tercer petrolero afectado no aparecía en el listado de buques sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense.
No obstante, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, indicó entonces que el petrolero “transportaba petróleo de PDVSA bajo sanciones” (la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela) y que “es un navío de falsa bandera que operaba como parte de la flota en la sombra venezolana para traficar con crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista” del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
En este contexto, fuentes oficiales estadounidenses citadas de forma anónima por el diario “Washington Post” han explicado que el abordaje por parte de los guardacostas de Estados Unidos se ampara en una normativa marítima conocida como “derecho de visita”, que faculta a un buque de guerra a inspeccionar otra embarcación cuando exista la mera sospecha de que participa en actividades ilícitas.
Las autoridades venezolanas han tildado de “piratería” esta nueva incautación que, según el criterio de Caracas, vulnera diversos preceptos del Derecho Internacional y representa una “flagrante comisión” de un “delito”.