El Ejecutivo talibán ha aprobado este viernes una nueva regulación de derecho de familia que abre la puerta a matrimonios en los que intervengan menores de edad en determinadas situaciones, y que, al mismo tiempo, permite a esos menores pedir la anulación del enlace cuando alcancen la pubertad, siempre mediante orden de un tribunal.
La normativa, denominada “Principios de separación entre cónyuges”, es un nuevo decreto de derecho familiar refrendado por el líder supremo talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada. El texto determina que los matrimonios con personas menores de edad concertados por parientes que no sean el padre o el abuelo se considerarán legalmente legítimos si se juzgan socialmente compatibles y si la dote se estima adecuada.
El decreto incluye 31 artículos y fija de forma estricta las condiciones en las que puede disolverse, anularse o imponerse la separación de un matrimonio en Afganistán, apoyándose en una interpretación fundamentalista de la jurisprudencia islámica (Hanafi). Asimismo, detalla las reglas que rigen la ruptura del vínculo en un amplio abanico de supuestos religiosos y legales, entre ellos el matrimonio infantil, la desaparición del esposo, la apostasía, la separación forzosa, las relaciones de lactancia y las acusaciones de adulterio.
La normativa introduce además fuertes límites al divorcio solicitado por la mujer. Si la esposa denuncia malos tratos, hostilidad o vulneración de sus derechos, el juez no puede acordar la separación únicamente a petición de ella cuando el abuso pueda “prevenirse por otros medios” o si el marido no otorga su visto bueno.
El artículo 7 establece igualmente que el silencio de una mujer virgen que haya llegado a la pubertad ante una propuesta matrimonial se interpretará de forma automática como consentimiento. En cambio, el mutismo de un hombre o de una mujer previamente casados no se entenderá como aceptación.
La entrada en vigor de este reglamento se suma a otras disposiciones draconianas del régimen talibán, que han desmantelado por completo las antiguas leyes de protección de las mujeres y han consolidado de facto el control absoluto del hombre sobre la esfera doméstica.
Organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos han alertado también de que los talibán están incorporando cada vez más interpretaciones radicales de la jurisprudencia islámica en la legislación estatal, institucionalizando así, a través del sistema legal, restricciones basadas en el género.