Más de una treintena de países occidentales, entre ellos España, han denunciado este miércoles la "terrible violencia" ejercida contra la población civil en los estados sudaneses de Kordofán y Darfur, con especial incidencia en mujeres y menores, así como "todas las violaciones del Derecho Internacional" cometidas en el marco del conflicto que sacude Sudán.
"Estas violaciones pueden constituir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad y deben dar lugar sin demora a investigaciones imparciales y al enjuiciamiento de los autores de crímenes internacionales", han sentenciado en un comunicado conjunto difundido tras la reunión.
Los firmantes han reclamado a las partes enfrentadas que respeten el Derecho Internacional, incluida "su obligación de permitir y facilitar la entrega rápida, segura y sin trabas de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales a la población civil necesitada" en las zonas afectadas por la guerra.
En el texto subrayan que "los civiles y el personal humanitario deben recibir protección en todo momento, en particular las mujeres y las niñas, que siguen siendo vulnerables a la violencia sexual y de género. Debe garantizarse el paso seguro a las personas que huyen de los combates" para salvaguardar sus vidas.
En esta línea, los países han recalcado que "los estados de Kordofán y Darfur siguen estando en el centro de la mayor crisis humanitaria y de protección de la población del mundo", y han expresado su inquietud por "los continuos ataques ilegales que diezman a la población civil y atacan infraestructuras civiles y operaciones humanitarias" en la región.
"Los recientes ataques aéreos y con drones se han intensificado, en particular los dirigidos contra poblaciones desplazadas, centros de salud, convoyes de alimentos y zonas cercanas a bases humanitarias, lo que ha causado numerosas víctimas y heridos civiles, interrumpido la entrega de ayuda y cortado las rutas de suministro", han sentenciado al describir el deterioro de la situación.
Asimismo, han recordado que "estos ataques deliberados contra personal humanitario, vehículos y suministros, con la clara intención de obstruir la entrega de ayuda de emergencia, violan el Derecho Internacional y podrían constituir crímenes de guerra", insistiendo en la necesidad de rendición de cuentas.
Por otra parte, el comunicado recalca que "la violencia sexual y de género está generalizada, la hambruna ha sido documentada y el hambre continúa propagándose peligrosamente" en Sudán. "Reiteramos nuestro llamamiento a las Fuerzas de Apoyo Rápido, las Fuerzas Armadas Sudanesas y sus milicias aliadas para que cesen las hostilidades de inmediato", han zanjado los países firmantes.
El pronunciamiento está suscrito, entre otros, por los ministros de Exteriores de Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Italia, Letonia, Austria, Chipre, Países Bajos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Lituania, Estonia, Suecia, Rumanía, Nueva Zelanda y España, entre otros representantes europeos y aliados.
La guerra civil en Sudán estalló por las profundas discrepancias sobre el proceso de integración del grupo paramilitar RSF en las Fuerzas Armadas, lo que hizo descarrilar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya muy debilitada después de la asonada militar que depuso en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
El conflicto, en el que han intervenido diversos países respaldando a los bandos enfrentados, ha llevado a Sudán a una de las peores crisis humanitarias del planeta, con millones de desplazados y refugiados y una creciente alarma internacional por la expansión de enfermedades y los graves daños a infraestructuras esenciales, que impiden prestar asistencia a cientos de miles de personas afectadas.