Miles de personas han vuelto a llenar este miércoles las principales avenidas del centro de Montevideo en una nueva edición de la Marcha del Silencio, que cada 20 de mayo recorre la capital uruguaya para reclamar memoria, verdad y justicia en la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1973 y 1985.
La movilización se ha desarrollado bajo el lema “30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos respuestas ¿Dónde están?”, siguiendo un trayecto que partió del Memorial a los Detenidos Desaparecidos en América Latina y concluyó en la plaza Libertad. El recorrido se llevó a cabo en un profundo silencio, solo roto por la lectura de los nombres de las 205 personas detenidas-desaparecidas en la explanada de la Intendencia de Montevideo, a lo que la multitud respondía al unísono con un firme “presente”.
“Es una emoción muy grande porque es la culminación de una nueva marcha, de un nuevo esfuerzo de un montón de compañeros y compañeras”, declaró a la cadena TV Ciudad Ignacio Erradonea, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos. Subrayó que la marcha se ha transformado en una convocatoria “masiva” y que “vale la pena seguir peleando” para “encontrarlos a todos”.
Erradonea también se refirió a las recientes manifestaciones del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, quien aseguró que la institución “no esconde nada” y que ya ha entregado “toda la información disponible”. El portavoz de la organización lamentó “tener que escuchar” a una autoridad de ese rango afirmar “que no tiene nada que aportar” cuando, denunció, “se calló la boca cuando se produjeron hallazgos en el Batallón 14” y las Fuerzas Armadas “han mentido toda la vida”.
“¿Hasta cuándo tenemos que seguir soportando que un comandante en jefe se haga la víctima declarando ‘que yo ya aporté todo’ y que se sienten agredidos cuando los agresores son ellos porque quien hizo desaparecer a los familiares fueron las Fuerzas Armadas?”, cuestionó, remarcando que es esa institución la que debe “devolver” los cuerpos de las víctimas a sus allegados.
En la misma línea, criticó que se permita a un comandante en jefe realizar declaraciones de ese tipo “eludiendo toda la responsabilidad que le corresponde a las Fuerzas Armadas”, y advirtió sobre la “falta de definición” de un Gobierno que, a su juicio, “no ejerce la autoridad de exigirles una respuesta”.
Sus planteamientos coinciden con los de Alba González Souza, madre de Rafael Lezama, desaparecido el 1 de octubre de 1976. En una rueda de prensa previa a la marcha, recordó que ya son tres décadas de movilización en esta fecha y “más de 50” años de reclamos, mientras “la impunidad sigue presente” en el país rioplatense.
En esa misma comparecencia, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos reclamó una “política integral de búsqueda” al Ejecutivo central, encabezado por Yamandú Orsi, y que “la orden (presidencial) a las Fuerzas Armadas” no sufra “más dilaciones”.
Sobre este punto también se pronunció Elena Zaffaroni, otra integrante de la organización, en una entrevista al informativo uruguayo Subrayado, donde denunció la falta de compromiso de los distintos gobiernos que se han sucedido en Uruguay.
“Ninguno dijo sí”, remarcó Zaffaroni en referencia a la decisión de dar la orden presidencial a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que poseen sobre los desaparecidos de la dictadura.
Por su parte, el propio Orsi publicó en redes sociales un mensaje en el que afirma que “a 50 años” los uruguayos siguen “buscando más respuestas, porque no son sólo memoria”. “La vida se sigue abriendo, año tras año y en silencio, en un gigantesco abrazo”, añade el texto.
En el mismo mensaje, junto a la frase “la memoria es raíz, es lo que nos sostiene”, el mandatario difundió un vídeo elaborado con material de archivo y producido con Inteligencia Artificial, en el que se recuerdan los asesinatos, un 20 de mayo, de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, perpetrados en 1976 en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.