La coalición ProLAC, liderada por las organizaciones Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y Consejo Danés para los Refugiados (DRC), ha emitido una advertencia sobre cómo el 70 por ciento de los desplazados internos en países como Ecuador, Guatemala, Honduras y México, se han visto obligados a abandonar sus hogares debido al escalonamiento de la violencia y la presencia de grupos criminales.
Según el informe, el desplazamiento involuntario es una ‘consecuencia generalizada y sistémica’ de una violencia que incluye prácticas como el reclutamiento forzado de menores y conflictos territoriales entre bandas, situaciones ante las cuales el sistema legal actual no ofrece protecciones adecuadas para las víctimas.
Stine Paus, directora regional de NRC para América Latina, ha destacado que las familias desplazadas ‘se vuelven cada vez más invisibles’ y ha remarcado la imposibilidad de pasar por alto ‘los peligros extremos a los que se enfrentan estas personas’. Por ello, ha urgido a los gobiernos de la región a reconocer estos desplazamientos como una crisis humanitaria y a implementar medidas que aseguren la protección y los derechos de las víctimas.
El informe de ProLAC, apoyado por la Unión Europea, también señala que un tercio de las personas encuestadas no reportan estos incidentes por desconfianza hacia las autoridades. Asimismo, destaca que, aunque cada país enfrenta riesgos específicos, la extorsión, las amenazas de secuestro y el reclutamiento forzado de menores son motivaciones comunes para el desplazamiento en estos cuatro países estudiados.
VACÍO LEGAL PARA ATAJAR LA CRISIS
Yann Cornic, director regional de operaciones del DRC, ha indicado que la falta o insuficiencia de legislación es crucial para la inseguridad que enfrentan estas personas. Ha explicado que ‘este vacío legal tiene consecuencias reales’, ya que ‘limita el acceso a la asistencia humanitaria, la justicia, las reparaciones y soluciones duraderas’. La situación legal varía entre los países: mientras que en Honduras se promulgó una ley en 2022 que carece de regulación y financiación adecuadas, en México algunos estados cuentan con marcos legales específicos, en Guatemala no se han visto avances significativos y Ecuador carece de legislación al respecto.
Cornic ha instado a estos estados a establecer leyes que protejan a sus ciudadanos y ha advertido que, sin una voluntad política sólida, los esfuerzos de la sociedad civil serán ‘insuficientes’.