Este jueves, la Unión Europea ha decidido implementar sanciones contra diez jueces y funcionarios de prisiones en Rusia, acusados de participar en la persecución de activistas y críticos del presidente Vladimir Putin, así como de infligir malos tratos a prisioneros ucranianos, entre ellos civiles y militares.
Las medidas punitivas se enmarcan dentro de las políticas de la UE para contrarrestar las violaciones de los Derechos Humanos. Los afectados están implicados en casos notorios de represión, como los de Alexei Navalni, ya fallecido, y el exconcejal Alexei Gorinov.
Según el consenso de los 27 estados miembros, en los centros de detención rusos se llevan a cabo «torturas generalizadas y sistemáticas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes». Los informes señalan que los detenidos son sometidos a «palizas por parte de los guardias», enfrentan una «grave escasez de alimentos» y tienen un acceso «escaso o nulo» a servicios médicos y legales.
La UE ha documentado al menos 15 fallecimientos de detenidos debido a estos abusos, incluyendo a la periodista ucraniana Victoria Roshchina. Estas acciones constituyen una grave infracción de los Derechos Humanos y violan los principios del Estado de Derecho, argumenta la Unión Europea.
Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición tanto de viajar como de transitar por territorios de la UE para los individuos en la ‘lista negra’. Además, se impide a ciudadanos y empresas europeas disponer fondos a favor de los sancionados.