Varias organizaciones ecologistas han criticado este miércoles la iniciativa del Gobierno noruego para volver a poner en funcionamiento tres yacimientos de gas del mar del Norte, clausurados hace casi treinta años, con el objetivo de responder al déficit de suministro energético generado por la guerra de Irán.
La propuesta afecta a los campos de Albuskjell, Vest Ekofisk y Tommeliten Gamma, inactivos desde 1998. El Ejecutivo prevé que la primera producción de gas se lleve a cabo a finales de 2028 y contempla destinar alrededor de 19.000 millones de euros para su reapertura y puesta en marcha.
El plan, respaldado por el primer ministro Jonas Gahr Store como una herramienta para reforzar la seguridad energética del continente europeo, contempla además ampliar las zonas de exploración con 70 nuevos bloques, uno de ellos situado a solo 10 kilómetros de la localidad de Lista, en el condado de Agder.
El asesor de conservación de naturaleza de la ONG BirdLife, Martin Eggen, ha señalado que la estrategia gubernamental debería verse como una "amenaza directa para los valiosos recursos naturales de la zona, protegidos mediante acuerdos internacionales".
Eggen ha aludido también a la posición de la Agencia Noruega de Medio Ambiente, que en fechas recientes ha alertado sobre el impacto ecológico de la actividad petrolera, entre ellos los vertidos y la gestión de residuos asociados a estas operaciones.
"Cuando el Gobierno desobedece a su propia dirección de medio ambiente de esta manera, envía una clara señal de que se están restando importancia a las consideraciones medioambientales", ha indicado, según ha recogido la cadena de radiodifusión NRK.
Desde Greenpeace, consideran que el gabinete de Store ha optado por una vía "equivocada" que "pone en riesgo el futuro, la pesca, la naturaleza vulnerable y un clima seguro". "Más de la mitad se encuentran en el Ártico, y las licencias están ubicadas más cerca de la costa que nunca", ha advertido la organización.
En esta línea, la ONG ha asegurado que el Gobierno ha decidido "seguir los dictados de las compañías petroleras, en lugar de asumir la responsabilidad con las comunidades, la naturaleza vulnerable, los compromisos climáticos de Noruega y el derecho de los niños y jóvenes a un futuro seguro".