QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Asamblea General de la ONU ha expresado su desaprobación este martes frente a cualquier tipo de «amenaza, ataque o injerencia» hacia el Tribunal Penal Internacional (TPI) durante un debate sobre su informe anual. Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea, ha descrito las acciones de países como Estados Unidos, que han impuesto sanciones al tribunal, como «ataques a los principios fundamentales del Derecho Internacional».
«(La Asamblea) enfatiza que el Tribunal Penal Internacional, junto con su personal y funcionarios, debe ejercer sus responsabilidades y mandato como órgano judicial internacional y funcionarios públicos internacionales, respectivamente, sin sufrir intimidaciones, y repudia cualquier amenaza, ataque o injerencia en relación con la Corte, su personal o colaboradores», indica la resolución aprobada por la entidad.
Además, los delegados instaron a los países miembros del Estatuto de Roma a «implementar legislaciones nacionales que permitan cumplir con las obligaciones emanadas de dicho Estatuto y a colaborar con el TPI», de acuerdo con el texto de la resolución.
Por su parte, Baerbock ha resaltado que «el Tribunal ha luchado contra la impunidad por más de veinte años y ha probado que la rendición de cuentas es posible incluso en los momentos más sombríos», y añadió que «ante las atrocidades que todavía perturban a la humanidad, es claro que la labor del Tribunal está lejos de finalizar», según reporta el servicio de noticias de la ONU.
La presidenta también ha criticado que varios funcionarios del tribunal «han sido sancionados por defender el Estado de derecho y exigir responsabilidades; y sus sistemas han sido objeto de ciberataques destinados a minar su credibilidad».
«Esto no son incidentes aislados; son ataques deliberados contra la Corte que buscan debilitar el Estado de derecho y erosionar la confianza en las instituciones internacionales», declaró.
Estas declaraciones se produjeron en el contexto del debate de la Asamblea sobre el informe anual del TPI, que documenta las sanciones impuestas por Estados Unidos a jueces y fiscales de la institución en febrero pasado, en respuesta a las órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra. El TPI también extendió esas órdenes a varios líderes de Hamás en ese entonces.
Tomoko Akane, presidenta del TPI, ha subrayado en la sesión que las decisiones del tribunal «recuerdan a la comunidad internacional que la justicia no conoce fronteras ni se somete a intereses particulares», pero que cuando «los jueces son presionados, amenazados o debilitados, la credibilidad del derecho internacional se deteriora». «Los ataques, las amenazas y las medidas coercitivas contra la Corte y sus funcionarios han continuado y representan una seria amenaza para la administración de la justicia», lamentó.
Akane también destacó que las órdenes de arresto requieren de la cooperación de los Estados, mientras que «el tribunal ofrece un espacio a las víctimas para compartir sus experiencias y la esperanza de que se reconozca la verdad y se establezcan responsabilidades».
Estados Unidos, que previamente había sancionado al fiscal jefe del TPI, Karim Khan, extendió en agosto las sanciones a cuatro miembros más de la corte involucrados en casos contra Israel y Washington por las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant inicialmente emitidas por Khan y calificadas de «ilegítimas» por Marco Rubio, secretario de Estado. Israel aplaudió la medida, mientras que fue reprobada por el propio tribunal y la Unión Europea.
