El jueves, Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, ha designado a Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), como nuevo comisionado de la Policía de Washington. Esta decisión se produce junto con el envío de 800 miembros de la Guardia Nacional a la capital, bajo una orden de Donald Trump para enfrentar un supuesto incremento de la criminalidad.
‘Con efecto inmediato, el administrador de la DEA, Terrence Cole, se desempeñará como Comisionado de Policía de Emergencia del Departamento de Policía Metropolitana mientras dure la emergencia declarada por el presidente. El Comisionado Cole asumirá todos los poderes y deberes conferidos al jefe de Policía del Distrito de Columbia’, anunció Bondi a través de las redes sociales.
Esta acción limita las funciones del actual cuerpo policial de la ciudad, dirigido por Pamela Smith, quien ahora necesitará la aprobación de Cole para realizar sus actividades.
Además, Bondi ha revocado una regulación local emitida el mismo jueves que, aunque permitía la colaboración entre la policía y los agentes de ICE, restricciones en la aplicación de las leyes federales de inmigración impedían ciertas acciones. La fiscal ha eliminado las restricciones que prohibían los arrestos basados en órdenes administrativas de inmigración del ICE y la asistencia en detenciones relacionadas con infracciones civiles de la ley migratoria.
En respuesta, Brian Schwalb, fiscal del Distrito de Columbia, ha enviado una carta a Pamela Smith, indicando que la orden de Bondi ‘es ilegal’. ‘Usted no está legalmente obligada a cumplirla’, recalcó Schwalb en un comunicado distribuido por Muriel Bowser, alcaldesa de Washington.
Schwalb también instruyó a los policías de la capital a obedecer las órdenes de Smith y no las de ningún otro funcionario no designado por la alcaldesa. El despliegue de la Guardia Nacional y la orden de Trump buscan federalizar la seguridad de la ciudad para enfrentar una criminalidad que, según fuentes locales, no ha alcanzado niveles críticos.