Perú afronta unas elecciones históricas con un récord de aspirantes a la Presidencia para intentar cerrar diez años de crisis política

Perú celebra unas elecciones generales con 35 candidatos presidenciales y un Congreso renovado en pleno hartazgo ciudadano y crisis política prolongada.

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Papeleta electoral de las elecciones de Perú 2026 Europa Press/Contacto/El Comercio

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Este domingo, los peruanos encaran una nueva oportunidad de intentar frenar la crisis política que arrastra el país desde hace una década, en la que han pasado por el poder ocho presidentes, incluido el actual. Lo harán en unas elecciones generales consideradas históricas, tanto por el incremento de hasta el 8% del censo respecto a 2021 como por la presencia de 35 aspirantes a la jefatura del Estado, una cifra sin precedentes que anticipa una fragmentación extrema del voto.

En una papeleta de dimensiones descomunales —42 centímetros de ancho por 44 de alto— ninguno de los candidatos supera el 15% de apoyo en los sondeos y solo cinco figuran con opciones reales de alcanzar la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, según las encuestas, que también recogen un 17% de electores indecisos.

Las opciones ultraconservadoras vuelven a situarse a la cabeza de las preferencias. Lidera las encuestas Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con el 14,5% de intención de voto. La hija del expresidente Alberto Fujimori se presenta por cuarta vez, tras haber llegado al balotaje en 2016 y 2021, comicios que perdió por un estrecho margen y en los que se erigió en víctima de supuesto fraude.

En segundo lugar aparece Carlos Álvarez (País para Todos), con el 10% de los apoyos. Se trata de un popular humorista televisivo reconvertido en político, que encarna el ya habitual perfil de supuesto 'outsider' dispuesto a capitalizar el hartazgo ciudadano a base de ocurrencias y un discurso de populismo punitivo. En su caso, ha prometido instaurar la pena de muerte y la cadena perpetua para asesinos y extorsionadores.

Álvarez, que en el cierre de campaña se dejó ver imitando —con un sentido del humor como menos cuestionable— al también candidato César Acuña, ha escalado en las encuestas hasta adelantar por unas décimas al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular), representante de la derecha tradicional, que igualmente ha centrado su mensaje en la mano dura contra la delincuencia.

Sus detractores le reprochan, entre otros aspectos, haber utilizado sus programas de televisión en los años 90 para hacer campaña a favor de Alberto Fujimori y ridiculizar a sus opositores. Tras una década al frente del país, el padre de la actual candidata fue condenado por delitos de lesa humanidad.

Por detrás se sitúa un segundo bloque de aspirantes que, pese a contar con una intención de voto menor, mantienen opciones de colarse en la segunda vuelta. Entre ellos figuran las principales candidaturas de izquierdas, como la de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con el 4,9% de respaldo y una propuesta que contempla ampliar derechos, reforzar los servicios públicos y el indulto del expresidente Pedro Castillo.

El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería y exdirector del Banco Central de Perú, Alfonso López Chau (Ahora Nación), y el exministro Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) representan opciones de centro progresista. En paralelo, el comunicador Ricardo Belmont (Cívico Obras) ha destacado en campaña por manifestaciones abiertamente machistas y homófobas.

El resto de postulantes, muchos prácticamente desconocidos para la ciudadanía, apenas rebasan, en el mejor de los casos, el 4% de los apoyos. Esta fuerte atomización del voto se explica en buena medida por el papel del actual Congreso, que en 2023 decidió suprimir las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), mecanismo que imponía umbrales mínimos para poder concurrir a las elecciones generales.

Renovación del Congreso y regreso del Senado

Además de escoger al próximo presidente, el electorado renovará por completo la representación parlamentaria. Más de 10.000 aspirantes compiten por un Congreso bicameral que no existía desde la década de 1990 y para el que se exige un mínimo del 5% de los votos para obtener representación. A los 130 escaños de la Cámara de Diputados y los cinco del Parlamento Andino se suman ahora 60 plazas en el nuevo Senado.

Las últimas encuestas señalan que la Cámara de Diputados quedaría en manos de cinco fuerzas principales. Fuerza Popular, el partido de Fujimori, sería la primera bancada con hasta 39 escaños. Renovación Popular obtendría 30, Juntos por el Perú 29, Ahora Nación 23 y Partido del Buen Gobierno 9, completando así el arco legislativo.

En el Senado, Fuerza Popular también se perfila como fuerza dominante, con 21 representantes, en una cámara que se anticipa incluso más influyente e intervencionista que la de Diputados. Le seguirían Juntos por el Perú y Ahora Nación con 14 senadores cada uno, tres más que Renovación Popular, el partido de López Aliaga.

Más allá de la pugna entre partidos, la calidad de las candidaturas vuelve a estar en el centro del debate. Entre la treintena larga de aspirantes a la Presidencia hay alrededor de una quincena que ha omitido información en su declaración jurada de hoja de vida. Pero el foco se sitúa sobre todo en casi 500 candidatos al Congreso con sentencias firmes por distintos delitos, incluidos 51 vinculados a casos de violencia familiar, ya sea por agresiones o por incumplir el pago de la pensión alimenticia.

En las listas figuran también aspirantes con condenas por robo, denuncias por conducir ebrios, agresiones, lesiones o amenazas de muerte. El partido derechista Alianza para el Progreso (APP), cuyo candidato presidencial es César Acuña, es la formación con más condenados: 53, frente a, por ejemplo, los 32 de Fuerza Popular.

En los últimos años, el Congreso ha proclamado y destituido presidentes a su antojo, alimentando una inestabilidad crónica que ha dificultado responder a una de las peores crisis de seguridad de las últimas décadas y ha disparado el rechazo ciudadano hacia las instituciones.

Jamás los peruanos habían tenido ante sí un abanico tan amplio de aspirantes. Falta por ver si, con un electorado preocupado sobre todo por la inseguridad, la corrupción y el desempleo, esta cita en las urnas servirá para empezar a contener la profunda crisis institucional y de confianza política que atraviesa el país.