El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instado a la ciudadanía a participar este jueves en concentraciones en todo el país para respaldar el incremento del salario mínimo vital, después de que el Consejo de Estado ordenara la semana pasada la suspensión provisional de la medida y reclamara al Ejecutivo la redacción de un nuevo decreto.
“El jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia, convoca el presidente, para defender el salario vital. No solo es argumento jurídico, sino también con la fuerza del pueblo trabajador”, ha expresado Petro en un discurso televisado a la nación la noche de este domingo, en el que ha salido en defensa de su iniciativa.
El mandatario ha criticado que “intentan acabar con el decreto antes de que finalice febrero” y ha reprochado a quienes han difundido la idea de que el alza del 23,7% del salario mínimo desembocaría en un repunte de los precios y de la inflación.
En la misma línea de sus declaraciones de la semana pasada, cuando se conoció la decisión judicial, Petro ha reiterado que el salario mínimo se mantiene “hasta que se publique el nuevo decreto que exigió el Consejo de Estado y para el que dio ocho días al Gobierno, plazo que ya ha adelantado el presidente colombiano es insuficiente”.
“Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado. Esto hace que los ocho días se tengan que usar más”, ha añadido el jefe de Estado, que ha avanzado su intención de solicitar precisiones al Consejo de Estado sobre algunos de los argumentos esgrimidos, que considera poco claros.
“El salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a tener el salario vital”, ha recalcado Petro, subrayando que su objetivo es preservar el incremento acordado.
El aumento fijado para 2026 sitúa el salario mínimo en 1,7 millones de pesos colombianos (unos 400 euros), cifra que podría alcanzar los dos millones de pesos (460 euros) si se suman los subsidios de transporte. El ajuste, del 23,7% respecto a 2025, está previsto que alcance a 2,4 millones de asalariados.
Sin embargo, el Consejo de Estado optó por frenar de manera cautelar la entrada en vigor del decreto al considerar que carecía de soporte técnico suficiente. Por ello, ordenó la elaboración de un nuevo texto que incorpore elementos como la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco Central, la productividad certificada oficialmente, la inflación efectiva del año previo y el crecimiento del PIB, entre otros indicadores.