El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado que la decisión del Consejo de Estado de frenar de forma provisional el incremento del salario mínimo “vulnera la Constitución” y ha llamado a la población a movilizarse. “El Poder Judicial debe saber que el Gobierno se debe al voto que lo eligió”, ha recalcado.
En su reacción al fallo conocido este viernes, Petro ha defendido que “El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él”, insistiendo en que la medida se ajusta al marco constitucional.
El mandatario ha remarcado que, aunque acata la determinación del alto tribunal, su actuación se guiará por la Carta Magna. “Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario”, ha reiterado el jefe de Estado en sus cuentas oficiales.
En ese contexto, ha subrayado “Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener. Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto”, recordando que su administración persigue “desde el primer día” la creación de un “pacto social de la vida y de la paz”.
Petro ha añadido que “El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político”, planteando el choque entre los intereses empresariales y su agenda de reformas.
El Consejo de Estado decidió paralizar temporalmente el aumento del 23% del salario mínimo y otorgó al Ejecutivo un plazo de ocho días para emitir un nuevo decreto que incorpore parámetros legales como la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco Central, la productividad oficialmente certificada, la inflación efectiva del año previo, el crecimiento del PIB, entre otros factores obligatorios.
En la última negociación, el Gobierno fijó el salario mínimo para 2026 en 1,7 millones de pesos colombianos (unos 400 euros), con la posibilidad de alcanzar los dos millones al sumar el auxilio de transporte. Esta revisión supone una subida del 23,7% respecto a 2025 y está llamada a impactar en torno a 2,4 millones de trabajadores en el país.