QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Policía de la Cámara de Diputados de Brasil ha retirado por la fuerza al parlamentario del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) Glauber Braga del sillón del presidente de la Cámara, Hugo Motta, después de que el diputado se negara a abandonar ese lugar tras fijarse en el orden del día el proceso que podría revocar, entre otros, su mandato. El expediente se deriva de un episodio ocurrido en 2024, cuando empujó y dio una patada a un activista de derechas que le seguía dentro de la sede legislativa.
“Permaneceré aquí con calma, con total tranquilidad, ejerciendo mi legítimo derecho político a no aceptar como un hecho consumado la amnistía para un grupo de golpistas, […] preservando los derechos políticos de Eduardo Bolsonaro y generando, para mí, que tuve ese enfrentamiento, ocho años de inhabilitación”, ha afirmado, haciendo referencia igualmente a un proyecto de ley que se someterá a votación en esta misma jornada y que rebajaría las penas de los condenados por intento de golpe de Estado, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro.
Tras el inicio de la protesta de Braga, la sesión plenaria y su retransmisión oficial fueron interrumpidas, y los periodistas acreditados tuvieron que salir del hemiciclo, según ha informado el diario ‘Folha’. De este modo, las únicas grabaciones en las que se ve a los agentes sacando al diputado de izquierdas han sido captadas y difundidas por otros parlamentarios presentes en la sala.
A la salida del pleno, el diputado desalojado ha denunciado ante los medios lo que considera “una ofensiva en la que el único mandato realmente afectado” es el suyo, ya que los otros dos diputados incluidos en el mismo proceso, Alexandre Ramagem y Carla Zambelli, ambos del Partido Liberal (derecha), no estarán en las votaciones al encontrarse fuera de Brasil: él, huido en Estados Unidos; ella, bajo custodia en Italia.
Braga ha arremetido también contra la actuación policial al contraponer su expulsión con el motín registrado en agosto, cuando un grupo de diputados de derecha mantuvo bloqueada la Cámara durante 30 horas en protesta por el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro. Entonces “hubo negociación, hubo diálogo”, ha remarcado, insistiendo en que “en ningún momento se consideró la posibilidad de que la Policía retirara a esos diputados por la fuerza”.
La tensión ha ido en aumento después de que el legislador Dorinaldo Malafaia denunciara agresiones por parte de los agentes, asegurando que resultó herido en un brazo mientras intentaba mediar para que Braga abandonara voluntariamente el hemiciclo.
En la misma línea, Malafaia ha responsabilizado a Motta de ordenar, en calidad de presidente de la Cámara, supuestas acciones violentas que también habrían lesionado a Rogério Correia, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), y a Célia Xakriabá, del PSOL. “Su Excelencia ha perdido toda autoridad moral, prestigio y respeto público”, ha declarado.
En este contexto, el líder del PT en la Cámara, Lindbergh Barias, ha reconocido que la estrategia de Braga “no es el mejor método”, pero ha subrayado que Motta “tiene una gran responsabilidad por no castigar a los golpistas”, en referencia a los diputados que se amotinaron en agosto.
Por otro lado, el propio presidente de la Cámara ha reaccionado en la red social X, donde ha sostenido que Braga faltó al respeto a todo el poder legislativo. Al mismo tiempo, ha justificado que su obligación es “proteger la democracia de los gritos, de los gestos autoritarios, de la intimidación disfrazada de actos políticos”. “El extremismo pone a prueba la democracia todos los días. Y todos los días es necesario defenderla”, ha añadido.
Motta ha aprovechado su mensaje en redes para comunicar que ha ordenado “una investigación sobre posibles excesos en relación a la cobertura mediática”, después de que los medios fueran expulsados del pleno y se cortara la emisión oficial de la sesión.
Esa decisión ha sido cuestionada por la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert), la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) y la Asociación Nacional de Editores de Revistas (Aner), que en una nota conjunta han repudiado lo que describen como “prácticas de intimidación” y han recordado que la Constitución de Brasil “prohíbe explícitamente la censura”.
La Comisión de Ética de la Cámara propuso en abril la retirada del mandato de Braga por la agresión a un integrante del Movimiento Brasil Libre (MBL), un colectivo activista de derecha, que le seguía por los pasillos del Congreso. Ese mismo día, el diputado inició una huelga de hambre que solo concluyó después de que Motta —quien este martes la ha calificado de falta de respeto— se comprometiera a no llevar la votación al pleno durante el primer semestre del año.
El congresista sostuvo entonces que reaccionó tras escuchar al activista del MBL insultar a su madre, enferma de alzhéimer en fase avanzada y fallecida pocos días después. También aseguró ser blanco de una persecución política orquestada en la sombra por el expresidente de la Cámara, Arthur Lira, del partido de derechas Progresistas. Pese a ello, la Comisión de Ética concluyó que quebrantó el decoro parlamentario y mantuvo la recomendación de revocar su mandato.
La acción de protesta de Braga ha pospuesto varias horas la votación de un proyecto de ley que rebajaría las penas impuestas al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado contra el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, y a sus aliados sentenciados en el mismo proceso. La iniciativa modifica artículos de la Ley de Ejecución Penal y del Código Penal, lo que, en el caso del exmandatario ultraderechista, reduciría de casi siete años a algo más de dos años el tramo de condena que debería cumplir en régimen cerrado.
