QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Federal de Buenos Aires ha ratificado el procesamiento del expresidente argentino Alberto Fernández, acusado de estar implicado en ciertas irregularidades en la adjudicación de contratos de seguros durante su presidencia, lo que habría beneficiado a la pareja de su secretaria.
Según informes del diario ‘La Nación’, los jueces han confirmado las acusaciones contra Fernández por posibles negociaciones incompatibles con su cargo público, basándose en pruebas de que el expresidente pudo haber favorecido a Héctor Martínez Sosa, corredor de seguros y esposo de María Cantero, su secretaria de larga data.
El fallo destaca que Fernández pudo haber ejercido un «direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia» en favor de la pareja de su secretaria, estableciendo un vínculo tanto personal como profesional con ellos. Un mensaje de texto de Fernández diciendo «ya me ocupo» en relación a un problema de Cantero con un contrato, ha sido crucial para la decisión del tribunal.
La Cámara Federal ha decidido mantener el embargo sobre los bienes de Fernández, que asciende a más de 14.600 millones de pesos argentinos (aproximadamente 9 millones de euros), y le ha prohibido salir del país sin permiso judicial. De ser hallado culpable, Fernández podría enfrentar entre uno y seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La revisión judicial ha confirmado la intervención inicial del juez Sebastián Casanello en junio, quien procesó a Fernández por supuestamente favorecer a Martínez Sosa, quien habría recibido cerca del 60% de las comisiones de Nación Seguros a intermediarios desde el inicio del mandato de Fernández. Este monto podría haber superado los 19 millones de euros hasta 2023, ajustado por inflación.
La decisión judicial también afecta a Martínez Sosa y Cantero, quienes han sido procesados por sus roles en las irregularidades, junto con el expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano. Esto ocurre después de que la Fiscalía solicitara en septiembre la revocación del procesamiento, argumentando insuficiencia de pruebas y testimonios, incluida la declaración del exministro de Exteriores, Santiago Cafiero.
