Un tribunal de apelación de Corea del Sur ha decidido este jueves reducir a 15 años de prisión la pena impuesta al ex primer ministro Han Duck Soo, considerado un estrecho colaborador del destituido presidente Yoon Suk Yeol. La condena inicial ascendía a 23 años de cárcel.
Han fue declarado culpable el pasado mes de enero por delitos de insurrección vinculados a la declaración, en diciembre de 2024, de la polémica ley marcial que acabó provocando la caída del Ejecutivo. Ahora, la instancia superior ha optado por rebajar la sentencia tras apreciar discrepancias entre los fallos emitidos por distintos tribunales inferiores.
Estas divergencias se centran en si el ex jefe de Gobierno incumplió sus obligaciones institucionales al no intervenir para frenar que el entonces presidente decretara la ley marcial, decisión que desencadenó un amplio despliegue de tropas en las principales urbes del país.
Pese a la reducción de la pena, el tribunal ha ratificado que el acusado es responsable de los cargos formulados y ha subrayado que el delito de insurrección “amenaza la existencia del Estado y viola los principios básicos y democráticos que se recogen en la Constitución del país”. “Es un delito grave que no puede ser comparado con ningún otro en términos de naturaleza y gravedad”, ha indicado la corte, de acuerdo con la agencia de noticias Yonhap.
La Justicia sostiene que Han, en su condición de primer ministro, “tenía la obligación constitucional de restringir el uso arbitrario de los poderes de emergencia por parte del presidente”. Los magistrados han remarcado especialmente su implicación en la tramitación de un decreto elaborado tras la proclamación de la ley marcial, cuyo objetivo era corregir defectos de procedimiento presentes en la orden inicial.
El ex dirigente también fue sentenciado por “consentir la imposición de medidas como cortar el suministro de electricidad y agua a las sedes de diferentes medios de comunicación, actos que equivaldrían a desempeñar un papel operativo en la insurrección”.
No obstante, el político surcoreano ha rechazado de forma reiterada todas las acusaciones y mantiene que no respaldó ni colaboró en la instauración de la ley marcial. En su alegato final ante la corte, en enero, Han declaró que “nunca estuvo de acuerdo con la ley ni tuvo intención de apoyarla”, insistiendo además en que intentó convencer al presidente para que desistiera.