El Gobierno de Ruanda ha iniciado un procedimiento de arbitraje ante un tribunal con sede en La Haya para exigir a Reino Unido el abono de cien millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 115 millones de euros, tras la cancelación en 2024 de un acuerdo que preveía el traslado al país africano de solicitantes de asilo llegados a territorio británico.
Las autoridades ruandesas han detallado que el 24 de noviembre presentaron una solicitud de arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje por impagos vinculados al pacto, que estipulaba que Kigali recibiría a migrantes irregulares y peticionarios de asilo, y que fue revocado en 2024 por el actual primer ministro británico, Keir Starmer.
El Ejecutivo ha remarcado que el entendimiento se alcanzó tras unas negociaciones “a petición de Reino Unido” y ha sostenido que el acuerdo “suponía una nueva postura firme para disuadir los peligrosos viajes migratorios, que están causando un sufrimiento inenarrable, al tiempo que se abordaba el desequilibrio a nivel global en cuanto a oportunidades económicas, una de las causas subyacentes de la migración irregular en masa”.
Kigali ha recalcado que el tratado “entró en vigor el 25 de abril de 2024”, pocas semanas antes de la llegada de Starmer al poder y de que este procediera a su derogación en julio del mismo año. “Lo hizo sin notificación previa a Ruanda, algo contrario al espíritu de asociación que caracterizó el Acuerdo de Migración y Desarrollo Económico (MEDP)”, ha señalado el Gobierno ruandés.
“Ese mismo día, Ruanda fue informada de que no habría expulsiones futuras de individuos bajo el MEDP”, ha añadido, precisando que Londres pidió en noviembre de 2024 que se condonaran dos pagos de 50 millones de libras (unos 57,5 millones de euros) previstos para abril de 2025 y abril de 2026.
En esta línea, Kigali ha indicado que “Ruanda indicó que estaba preparada para aceptar estos acuerdos si el tratado era anulado, siempre y cuando se negociaran y acordaran nuevas condiciones financieras”, pero ha puntualizado que dichas conversaciones “no tuvieron lugar y las cantidades siguen adeudadas y han de ser pagadas, según el tratado”.
Kigali acusa a Londres de “intransigencia”
Según el Gobierno ruandés, “Reino Unido ha dejado claro sin embargo que no tiene intención de hacer nuevos pagos bajo el MEDP. También ha dejado claro que no tiene intención de honrar su compromiso de alcanzar un acuerdo para reubicar en Reino Unido a una parte de los refugiados más vulnerables a los que acoge Ruanda”.
“De forma decepcionante, los intentos de Ruanda de mover la posición en la que Reino Unido se ha atrincherado no han tenido éxito”, ha lamentado, subrayando además que Londres ha comunicado la terminación formal del pacto, que será efectiva el 16 de marzo de 2026.
Ante este escenario, Kigali sostiene que no le ha quedado otra alternativa que recurrir al arbitraje internacional y ha calificado este paso de “necesario” ante la “intransigencia de Reino Unido”. “No hay otra opción”, ha remarcado, antes de insistir en que “Ruanda sigue comprometida con hallar soluciones a la crisis migratoria global, incluido dar seguridad, dignidad y oportunidades a los refugiados y migrantes” que llegan al país.
Ruanda ya había reclamado en marzo de 2025 el pago de 50 millones de libras por el frustrado plan de deportación de migrantes y acusó entonces a Londres de haber “adoptado medidas punitivas injustificadas”, en referencia a la suspensión de la ayuda bilateral y a la imposición de nuevas sanciones por la ofensiva del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en el este de República Democrática del Congo (RDC).
El Ejecutivo laborista de Starmer decidió abandonar el programa poco después de asumir el poder y censuró que el anterior Gobierno hubiera aprobado este acuerdo, impulsado por la exministra del Interior Suella Braveman. Pese a ello, Kigali mantiene que realizó inversiones importantes para aplicar el pacto y acusa a Reino Unido de incumplir los compromisos adquiridos.