QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Rusia ha lanzado una advertencia al gobierno belga este miércoles, indicando que se enfrentarán a duras consecuencias si deciden utilizar los activos rusos congelados para respaldar a Ucrania, una medida que está ganando apoyo entre varios miembros de la Unión Europea para, entre otras cosas, adquirir grano ucraniano.
El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) ha comentado sobre el interés de Armenia en adquirir grano de Ucrania sin pagar los precios que impone Kiev, sugiriendo que Bruselas cubra la diferencia, que según Moscú, es más del doble.
“Lo atractivo es que a la UE se le ofrece un ‘tres por uno’: grano para Armenia, apoyo a Kiev y el fomento de la desconfianza entre Moscú y Ereván”, ironizó el SVR. Además, cuestionó de dónde sacará Europa los fondos necesarios en un contexto de “deseo de derrotar a Rusia”.
“Sería ideal pagar el grano ucraniano con activos rusos robados. Pero por ahora no han podido disponer de ellos. Bélgica, la entidad que administra este ‘fondo común de ladrones’, se resiste. Temen tener que rendir cuentas, y con razón, sin duda tendrán que hacerlo, y de una forma que no será fácil”, recalcó.
Desde la propuesta de la Comisión Europea de usar el efectivo de los activos congelados para un préstamo de reparación de 140.000 millones a Ucrania, el apoyo entre los Veintisiete ha aumentado, a pesar de las incertidumbres legales y prácticas que suscita.
Aunque Bélgica, donde se encuentra el depósito de Euroclear que alberga la mayor parte de estos activos, argumenta que esto constituye una “confiscación” y exige garantías legales de protección contra futuras reclamaciones rusas.
Actualmente, Bruselas está desarrollando una propuesta formal con las “opciones” para financiar a Kiev, mientras que diversas fuentes europeas indican que la prioridad sigue siendo el uso de los activos para financiar el préstamo de reparaciones, siendo las otras alternativas, como la emisión de deuda o créditos bilaterales, meramente “teóricas”.
El objetivo es que el documento con la base legal diseñada por el Ejecutivo comunitario se presente a tiempo para que los líderes de la UE puedan examinarlo en el tradicional Consejo Europeo de diciembre en Bruselas.
