Un tribunal surcoreano ha sentenciado este jueves a siete años de prisión al exministro del Interior Lee Sang Min por su implicación en la fallida maniobra del entonces presidente Yoon Suk Yeol para imponer la ley marcial a finales de 2024, un movimiento que desencadenó una profunda crisis política y terminó con su destitución.
En la resolución, emitida en una vista retransmitida en directo por televisión, los jueces han considerado a Lee culpable de haber desempeñado un papel determinante en una “insurrección” vinculada a la decisión de Yoon. La condena llega después de que la Fiscalía solicitara para él 15 años de cárcel, según ha recogido la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
De acuerdo con la acusación, Lee habría facilitado el terreno para la proclamación de la ley marcial y habría dado instrucciones a la Policía y a los Bomberos para cortar el suministro de electricidad y agua a medios de comunicación críticos con el Ejecutivo, así como para bloquear el acceso a las principales agencias informativas, con el objetivo de asegurar la implantación del decreto de excepción.
El tribunal de Seúl también ha concluido que Lee mintió bajo juramento al negar, durante el juicio político contra Yoon celebrado en febrero de 2025, haber impartido esas órdenes o haberlas recibido del expresidente. No obstante, ha sido absuelto del cargo relacionado con presionar al jefe de Bomberos para que actuara más allá de sus atribuciones legales.
En su argumentación, la corte ha subrayado que “los actos de insurrección dañan los valores centrales de la democracia, por lo que un duro castigo es inevitable, al margen de que consiguieran sus objetivos”, rechazando así la defensa de Lee, que negó haber participado en la planificación diseñada por Yoon para sacar adelante el decreto y sostuvo que la ley marcial no podía calificarse como una insurrección.
Con esta sentencia, Lee se convierte en el segundo alto cargo del Gobierno de Yoon condenado por estos hechos, después de que el ex primer ministro Han Duck Soo fuera penado en enero con 23 años de cárcel. La Fiscalía ha pedido la pena de muerte para el propio expresidente, cuyo veredicto se conocerá la próxima semana.