Este jueves, la Fiscalía de Perú ha presentado una petición formal ante el Poder Judicial para declarar ilegal a Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, excluyéndolo de participar en las próximas elecciones generales de abril de 2026. La acusación principal es la de adoptar una «conducta antidemocrática».
Según el escrito de la magistrada Delia Espinoza, Fuerza Popular habría infringido el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, al realizar actividades que comprometen los principios democráticos y los derechos fundamentales. La Fiscalía también ha pedido el cierre de las sedes del partido, con el objetivo de prevenir futuras violaciones que puedan perjudicar el orden democrático del país.
El documento detalla que el partido ha promovido acciones contrarias a la democracia, incluyendo ataques a la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios independientes, así como la persecución de estas personas por motivos políticos o profesionales; además de justificar la violencia como método político.
Keiko Fujimori ha reaccionado a estas acusaciones a través de su cuenta en la red social X, denunciando lo que considera un ataque para «hacer desaparecer al fujimorismo». «Nos investigaron diez años y no encontraron nada. ¡Mil veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?», cuestionó, mientras calificó a Espinoza de «fiscal politizada» y acusó de utilizar el caso para distraer la atención de otros problemas más urgentes. Fujimori se mostró confiada en que la solicitud de ilegalización no será aprobada, pero alertó a la comunidad internacional sobre este «grave atentado contra la democracia».