Transparencia Internacional alerta de un preocupante retroceso de la corrupción en las democracias

El nuevo IPC de Transparencia Internacional revela un deterioro global de la corrupción, con democracias en retroceso y periodistas asesinados por investigarla.

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Concentración contra la corrupción en Múnich, Alemania Europa Press/Contacto/Sachelle Babbar

Concentración contra la corrupción en Múnich, Alemania Europa Press/Contacto/Sachelle Babbar

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La organización Transparencia Internacional ha difundido este martes su nuevo Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), un estudio en el que advierte de un "preocupante empeoramiento" de los niveles de corrupción, con datos de 2025, en numerosos sistemas democráticos, en un contexto global marcado por el "peligroso desprecio" al Derecho Internacional.

El informe otorga a cada país una puntuación de 0 a 100 y sitúa la media mundial en 42 puntos, uno menos que el año anterior. Esta caída pone de relieve, según la entidad, la urgencia de adoptar medidas para "proteger el interés público" y reforzar la gobernanza y el liderazgo "responsable".

Más del 67% de los 182 Estados analizados "no están logrando controlar la corrupción" y obtienen menos de 50 puntos. Además, el grupo de países con más de 80 puntos se ha reducido drásticamente: de 12 hace diez años a solo cinco en la edición actual.

Dinamarca (89), Finlandia (88) y Singapur (84) se mantienen a la cabeza del ránking, mientras que Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (9) vuelven a aparecer en los últimos puestos. En estos casos y en buena parte de las autocracias del planeta, como Azerbaiyán (30), la corrupción es "sistemática y se manifiesta en todos los niveles", subraya el documento.

El estudio también detecta una creciente "interferencia politizada" en la labor de las ONG en países como Georgia (50), Indonesia (34), Perú (30) o Túnez (39), donde los gobiernos han impulsado normas para "limitar" el acceso a la financiación e incluso para "desmantelar" organizaciones dedicadas a vigilar a los poderes públicos.

"Estas leyes suelen ir acompañadas de campañas de desprestigio e intimidación. En estos contextos, es más difícil para los periodistas independientes, las organizaciones de la sociedad civil y los denunciantes denunciar la corrupción con libertad. También es más probable que los funcionarios corruptos continúen abusando de su poder", añade la ONG, que alerta del efecto disuasorio de estas prácticas.

Según la clasificación de este año, un centenar de países conservan la misma posición, mientras que 50 retroceden en la tabla y 31 mejoran respecto al informe previo, elaborado con datos de 2024.

Transparencia Internacional destaca una tendencia "preocupante de empeoramiento" en democracias consolidadas como Estados Unidos (64), Canadá (75), Nueva Zelanda (81), Reino Unido (70), Francia (66) o Suecia (80). España se sitúa en la zona intermedia con 55 puntos, uno menos que los 56 del informe anterior, quedando por detrás de Granada, Arabia Saudí, Ruanda, Botsuana o Israel.

La organización lamenta que "con demasiada frecuencia asistimos al fracaso de la buena gobernanza y del liderazgo responsable" pese a que el momento actual exige dirigentes "con principios e instituciones fuertes e independientes que actúen con integridad para proteger el interés público".

No obstante, insiste en que "la corrupción no es inevitable" y señala a aquellos Estados cuyos "líderes políticos y reguladores han realizado un esfuerzo continuado por implementar amplias reformas legales e institucionales" como ejemplos de que es posible revertir la situación.

"En un mundo interconectado, necesitamos tanto la acción nacional como la cooperación multilateral para proteger el interés público y abordar desafíos compartidos como la corrupción. En un momento en el que presenciamos un peligroso desprecio por las normas internacionales por parte de algunos Estados, necesitamos proteger un orden global basado en normas, cimentado en la transparencia, la rendición de cuentas a la ciudadanía y el respeto por los Derechos Humanos", ha declarado su presidente, François Valérian.

En una sección específica sobre el papel de los medios de comunicación como garantes de la rendición de cuentas y la aplicación de la ley, la ONG denuncia el asesinato de 829 periodistas desde 2012 en zonas sin conflicto, 150 de ellos mientras informaban sobre casos de corrupción. En 2025, murieron por este motivo cinco profesionales, entre ellos Turki Al Jasser, ejecutado por las autoridades saudíes tras siete años de detención, y Gastón Medina, abatido a tiros frente a su casa en Perú. Más del 90% de estos crímenes se produjeron en países con un IPC inferior a 50,5, como Brasil, India, México, Pakistán e Irak, considerados especialmente peligrosos para quienes ejercen el periodismo.