Tres años de cárcel condicional para una eurodiputada y exsocia del primer ministro checo Babis

Una eurodiputada checa y exmano derecha de Babis recibe tres años de prisión condicional y multa por el uso fraudulento de fondos de la UE.

1 minuto

El primer ministro checo, Andrej Babis Europa Press/Contacto/Tomas Tkacik

Publicado

1 minuto

Un tribunal de República Checa ha impuesto este lunes una pena de tres años de prisión condicional a la eurodiputada Jana Nagyová, antigua colaboradora cercana del primer ministro checo Andrej Babis, por la supuesta malversación de cerca de dos millones de euros procedentes de fondos de la Unión Europea.

La parlamentaria europea del partido conservador populista ANO (Sí) ha sido igualmente sancionada con una multa de 500.000 coronas checas (unos 25.000 euros). No obstante, su equipo legal ya ha presentado recurso contra el fallo, de acuerdo con la información difundida por la agencia checa CTK y Radio Prague International.

La resolución judicial se produce después de que la Fiscalía acusara a Nagyová, de 55 años, de haber obtenido de forma fraudulenta alrededor de dos millones de euros en subvenciones comunitarias mientras ejercía como directora del complejo turístico de lujo “Capí hnízdo”, lo que habría supuesto un perjuicio para los intereses financieros de Bruselas. Estas ayudas estaban reservadas a pequeñas y medianas empresas, y no a una gran corporación.

En un principio, el propio Babis debía sentarse en el banquillo por este mismo asunto, pero la Cámara Baja del Parlamento checo se negó a retirarle la inmunidad, lo que dejó en suspenso el procedimiento contra el primer ministro.

El dirigente, que ya fue jefe de Gobierno entre 2017 y 2021, ha rechazado de forma reiterada las imputaciones, sosteniendo que en el momento en que se habrían producido los hechos había transferido sus participaciones en el complejo turístico a dos de sus hijos y a un cuñado.

Babis, que encabeza desde diciembre del año pasado un Ejecutivo de coalición integrado por ANO, Libertad y Democracia (SPD) y el partido euroescéptico Motoristas, se vio obligado a traspasar su conglomerado agroindustrial Agrofert a un fondo fiduciario para ajustarse a la normativa destinada a prevenir conflictos de intereses.