El Tribunal Supremo de Israel ha determinado que las autoridades carcelarias no están proveyendo una alimentación adecuada a los llamados presos de seguridad palestinos y les ha exhortado a asegurar que dispongan de suficientes alimentos para cubrir sus necesidades básicas.
La queja fue presentada en abril de 2024 por la Asociación de Derechos Civiles de Israel y la organización Gisha, quienes acusaron al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y al Servicio de Prisiones de Israel de haber recortado intencionadamente las raciones alimenticias para hacer pasar hambre a los detenidos.
Los magistrados Daphne Barak-Erez, Ofer Grosskopf y David Mintz concluyeron unánimemente que el Servicio de Prisiones está legalmente obligado a suministrar comida suficiente para garantizar un nivel básico de existencia, aunque Mintz dudó sobre el incumplimiento de esta obligación.
Barak-Erez destacó los duros relatos de israelíes liberados que sugieren que una dieta más restrictiva para los presos palestinos no solo no beneficia a los hermanos israelíes aún cautivos, sino que empeora su situación. Por su parte, Mintz opinó que el nivel de nutrición es aceptable.
Desde la ADCI se ha enfatizado que esta situación se ha prolongado por casi dos años, convirtiendo las prisiones israelíes en centros de tortura, según declaraciones de israelíes liberados en Gaza, lo que ha llevado a más maltratos, según Oded Feller, abogado del grupo. Feller afirmó: Un estado no hace pasar hambre a nadie.
Tras la sentencia, Ben Gvir criticó a los jueces argumentando que el tribunal lamentablemente protege a los asesinos y terribles violadores de Nujba. Aseguró que se cumplirán las condiciones mínimas que establece la ley para los prisioneros. Por otro lado, el ministro de Justicia, Yariv Levin, criticó la decisión judicial que impone proveer más alimentos a los peores terroristas mientras los rehenes sufren en los túneles.
El visible deterioro y la delgadez extrema de los presos palestinos liberados en intercambios previos por rehenes en la Franja de Gaza después del ataque del 7 de octubre de 2023 han generado críticas de organizaciones humanitarias tanto nacionales como internacionales.