El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene que el conflicto armado con Irán puede darse por terminado tras la entrada en vigor del alto el fuego. Al mismo tiempo, ha tildado de “totalmente inconstitucional” la normativa actual sobre poderes bélicos, que determina cómo debe autorizarse el uso de la fuerza, reabriendo así el pulso con el Congreso sobre los límites de la autoridad presidencial en operaciones militares en el extranjero.
En una carta remitida este viernes a los líderes del Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, la Casa Blanca afirma que “las hostilidades” iniciadas el 28 de febrero han concluido tras la tregua pactada entre Washington y Teherán.
“El 7 de abril de 2026, ordené un alto el fuego de dos semanas. Desde entonces, el alto el fuego se ha prorrogado. No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado”, recoge la misiva, a la que ha tenido acceso CNN y en la que el Ejecutivo asegura mantener informado al Congreso “de conformidad con la Resolución sobre los Poderes Bélicos”.
Pese a ello, Trump ha subrayado que la amenaza iraní “sigue siendo significativa”, por lo que el Pentágono continuará adaptando su presencia militar “según sea necesario y apropiado”.
En paralelo, el mandatario ha dejado claro que descarta una salida acelerada de la zona. “Irán no está avanzando con el tipo de acuerdo que necesitamos tener. Vamos a hacer que esto se resuelva correctamente. No nos vamos a ir temprano y luego tener el problema que surja en 3 años”, ha señalado.
Choque legal por los poderes de guerra
La controversia jurídica estalla en un momento clave, dado que la Ley de Poderes de Guerra de 1973 fija un máximo de 60 días para que el presidente ponga fin a una operación militar o pida una autorización explícita al Congreso. Sin embargo, no hay consenso entre los legisladores sobre cuándo empieza a contar ese plazo ni si el alto el fuego lo interrumpe.
Mientras algunos sostienen que el límite se ha cumplido este viernes 1 de mayo —60 días después de la notificación oficial del inicio de las operaciones—, otros argumentan que la tregua detiene el cómputo legal o incluso permite una extensión adicional de 30 días.
Desde la Administración, un alto cargo ha reiterado al mismo medio que “las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero han cesado”, recalcando que no se han registrado choques desde el 7 de abril. En esta línea, el secretario de Defensa defendió recientemente que, según su lectura, “el plazo de 60 días se pausa o se detiene en un alto el fuego”.
Estas interpretaciones han generado rechazo tanto en las filas demócratas como entre algunos republicanos. El senador Thom Tillis ha puesto en duda esta visión y ha defendido que el Congreso debe implicarse para autorizar o supervisar la intervención. “Me pareció que la resolución sobre los poderes de guerra establece que en 60 días hay que tomar medidas”, ha indicado.
Más duro se ha mostrado el senador demócrata Adam Schiff, que ha sostenido que “esta guerra fue ilegal desde el principio”, al entender que no existía una amenaza inminente que avalara actuar sin el visto bueno del Legislativo. “Incluso bajo la Ley de Poderes de Guerra, el presidente no dispone de 60 días para declarar la guerra sin la aprobación del Congreso en ausencia de cualquier tipo de amenaza inminente”, ha añadido.
División en el Senado y nuevas tensiones
El desacuerdo se ha trasladado también al Senado, donde han fracasado las iniciativas para exigir una autorización previa a cualquier nueva acción militar contra Irán, pese a contar con apoyos puntuales de senadores republicanos. “La Constitución otorga al Congreso un papel esencial en las decisiones sobre la guerra y la paz”, ha recordado la senadora Susan Collins, reclamando además objetivos concretos y una estrategia clara antes de emprender otra intervención.
En este escenario, varios senadores alertan de que el conflicto ha llegado a un “punto de inflexión”, mientras otros ironizan sobre la posibilidad de prolongar sin límite los plazos previstos en la ley. “Luego serán 120 días, y después será para siempre”, ha criticado el demócrata Tim Kaine.
A la espera de que el Congreso retome su actividad tras el receso, algunos legisladores ya han anunciado que impulsarán una autorización formal del uso de la fuerza si la Casa Blanca no presenta un “plan creíble” sobre el rumbo del conflicto, anticipando así nuevos choques institucionales en torno a la política exterior de Estados Unidos.