QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, ha interpuesto una demanda contra la ciudad de Los Ángeles, incluyendo a su alcaldesa, Karen Bass, y otros funcionarios municipales. La acción legal busca derogar las normativas ‘santuario’ que amparan a los inmigrantes, alegando que estas representan una ‘discriminación’ hacia las autoridades de seguridad y entidades federales.
La petición fue presentada en el Tribunal Federal del Distrito Central de California, argumentando que la nación ‘afronta una crisis de inmigración ilegal’ y que el presidente Donald Trump fue elegido bajo la promesa de abordar esta problemática. No obstante, sus esfuerzos ‘están siendo obstaculizados por las Ciudades Santuario, como la de Los Ángeles, que se niega a cooperar o compartir información con las autoridades federales de inmigración, incluso cuando se le requiere’, según expresó la Administración federal.
El documento indica que en el último mes, agencias federales de inmigración han capturado a más de 1.600 inmigrantes en operativos que desencadenaron protestas. La resistencia a colaborar con las autoridades federales desde el 6 de junio ha llevado a ‘disturbios, saqueos y vandalismo’.
‘La situación era tan difícil que el Gobierno Federal desplegó a la Guardia Nacional de California y a los Marines de Estados Unidos para atajar el caos (…). La confrontación directa con las autoridades migratorias federales ha sido el resultado inevitable de la ley de Ciudad Santuario’, se señala en la demanda.
La fiscal general, Pam Bondi, criticó las leyes de protección a los inmigrantes, como las de Los Ángeles, calificándolas de ‘causa de origen de la violencia, el caos y los ataques contra las fuerzas de seguridad que los estadounidenses hemos sido testigos en Los Ángeles’.
‘Las jurisdicciones como Los Ángeles que desprecian la ley federal y dan prioridad a los extranjeros ilegales por encima de los ciudadanos estadounidenses están perjudicando a las fuerzas de seguridad a todos los niveles’, agregó Bondi.
Por su parte, la alcaldesa Karen Bass no ha emitido comentarios sobre estas alegaciones, aunque varios funcionarios de la ciudad han considerado demandar a la Administración Trump, argumentando que las agencias federales de inmigración infringen los derechos constitucionales de los residentes.
Bass criticó las acciones de las agencias de inmigración por el ‘clima de miedo’ creado en lugares como parques, iglesias y centros comerciales, describiendo a la ciudad como ‘pacífica hasta que aparecieron los agentes federales’.
‘Quiero decirle que pare las redadas. Quiero decirle que esta es una ciudad de inmigrantes. Quiero decirle que si quiere destruir la economía de la ciudad de Los Ángeles, entonces ataque a la población inmigrante’, declaró Bass recientemente.
