El Ejecutivo de Uganda ha comunicado este lunes que quedará prohibida la emisión en directo de “disturbios”, “procesiones ilegales” o “incidentes violentos” de cara a las elecciones presidenciales del 16 de enero. En estos comicios, el actual jefe del Estado, Yoweri Museveni, tratará de prolongar sus casi cuatro décadas en el poder frente a su principal rival, el opositor Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine.
La secretaria permanente del Ministerio de Información, Comunicación y Tecnología, Aminah Zawedde, subrayó que este tipo de retransmisiones “podrían aumentar las tensiones y causar pánico” y recordó que “la publicación de contenido violento, incitador o violento es ilegal”. Al mismo tiempo, rechazó que el Gobierno tenga intención de restringir el acceso a Internet durante el proceso electoral.
“Nuestra responsabilidad colectiva es garantizar que el ministerio y los medios contribuyen a unas elecciones pacíficas y creíbles y a la unidad nacional”, afirmó Zawedde, que instó a “usar las plataformas en servicio de la verdad, la estabilidad y el bien público”, según informó el diario ugandés ‘Daily Express’.
En esta línea, insistió en que Kampala no planea “apagar” Internet en los días de votación. “Estas afirmaciones son falsas”, remarcó, advirtiendo de que “esta desinformación genera innecesariamente miedo, socava la confianza pública y eleva las tensiones en un momento nacional clave”.
Las autoridades ugandesas han restringido repetidamente manifestaciones y actos de la oposición, con una fuerte presión sobre los eventos de campaña de Bobi Wine. El líder opositor ha denunciado el creciente autoritarismo de Museveni y ha pedido una amplia movilización ciudadana para desalojarle del poder.
Denuncias de Amnistía Internacional
En este contexto, la organización Amnistía Internacional denunció este mismo lunes que las fuerzas de seguridad han reprimido de forma ilegal actividades de campaña de la oposición, recurriendo a “una fuerza innecesaria y excesiva”, así como a detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos.
“Las autoridades han lanzado una brutal campaña de represión contra la oposición y sus partidarios, dificultándoles enormemente el ejercicio de su derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica”, declaró el director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, Tigere Chagutah.
Chagutah reclamó que “las autoridades ugandesas deben cumplir con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y permitir que la oposición celebre sus actos de campaña sin restricciones indebidas y sin someter a sus dirigentes y partidarios a detenciones, torturas u otros malos tratos”. Estas declaraciones llegan después de que las fuerzas de seguridad usaran gases lacrimógenos y agredieran a opositores durante concentraciones en Kawempe e Iganga.
La ONG destacó además que al menos una persona perdió la vida en noviembre durante la dispersión violenta de una protesta en Iganga, reiterando que “nadie debería morir por simplemente ejercer su libertad de asociación y asamblea pacífica”.
“Las autoridades deben iniciar de inmediato investigaciones imparciales y exhaustivas sobre todos los presuntos casos de uso ilícito de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”, añadió Chagutah, quien reclamó que “los responsables deben comparecer ante la Justicia en juicios justos en los que no se recurra a la pena de muerte”.
Museveni llegó al poder en 1986 tras la guerra civil que asoló el país entre 1980 y 1986, después del derrocamiento del dictador Idi Amin en 1979 y la posterior caída de Milton Obote tras las denuncias de fraude electoral. En las elecciones de enero aspira a prolongar sus 40 años al frente de Uganda.
De lograrlo, el presidente iniciaría una quinta década en el cargo, en un contexto marcado por el incremento de las acusaciones de represión. Bobi Wine ha sido arrestado en varias ocasiones y, tras las presidenciales de 2021, denunció un fraude en favor de Museveni, se negó a aceptar los resultados y acusó al mandatario de manipular las elecciones para mantenerse en el poder.