Un jurado popular en Reino Unido ha considerado culpables este martes a cuatro activistas británicos de la organización ilegalizada Palestine Action por causar daños materiales en una planta de una compañía de defensa israelí situada en la ciudad de Bristol.
El tribunal ha emitido un veredicto de culpabilidad contra Charlotte Head, de 30 años; Samuel Corner, de 23; Leona Kamio, de 30, y Fatima Rajwani, de 21, al atribuirles destrozos en instalaciones de la empresa israelí Elbit y enfrentamientos con varios guardias de seguridad y agentes de Policía tras irrumpir en la citada fábrica de armamento el 6 de agosto de 2024.
Corner ha sido igualmente declarado culpable de causar lesiones corporales, aunque ha sido exonerado del cargo más grave, después de golpear con un mazo a la sargento Kate Evans, que sufrió una fractura en la columna vertebral, tal y como ha informado la cadena BBC.
Por su parte, los activistas Zoe Rogers, de 22 años, y Jordan Devlin, de 31 años, han sido absueltos del delito de daños a la propiedad. En un proceso anterior, tres de los acusados --Rajwani, Rogers y Devlin-- ya habían sido declarados no culpables de desorden público violento, aunque entonces el jurado no alcanzó un veredicto respecto al resto de cargos ni sobre los otros procesados.
La fiscal Deanna Heer KC sostuvo ante el tribunal de Woolwich que el propósito del grupo era "causar el mayor daño posible". "Dentro del almacén, se dedicaron a destruir la mayor cantidad de bienes posible", expuso, antes de precisar que emplearon mazos para destrozar ordenadores, equipos, drones y otros productos fabricados por Elbit.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía, los activistas utilizaron una furgoneta penitenciaria como ariete para irrumpir en la planta. Ataviados con monos rojos y provistos de mazos, procedieron a destruir los bienes que hallaban a su paso. La estimación oficial sitúa el coste de los daños en torno a un millón de libras esterlinas.
Palestine Action fue declarada organización ilegal por el Gobierno del primer ministro, Keir Starmer, en julio de 2025. Numerosos miembros del colectivo han protagonizado huelgas de hambre para reclamar el levantamiento de la prohibición y denunciar sus condiciones en prisión, en particular las restricciones a la correspondencia, las llamadas telefónicas y las visitas.