El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha comunicado este lunes el fallecimiento de un palestino de 32 años tras resultar herido de bala por fuerzas israelíes durante una operación desarrollada la víspera en una localidad situada al norte de Hebrón, en el sur de Cisjordania.
El hombre, identificado como Mahmud Ziad Mahmud al Amlé, ha muerto después de sucumbir a las “graves heridas sufridas por disparos” de las fuerzas de seguridad israelíes en la mañana de este domingo, “cerca de Beit Ula”, ha indicado el organismo en sus redes sociales, sin ofrecer más información sobre las circunstancias concretas del incidente.
El episodio se produce en un contexto de aumento de los ataques perpetrados por colonos y de las operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en un escenario en el que ya durante los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras sin precedentes en dos décadas de palestinos muertos en estos territorios desde la Segunda Intifada.
Este mismo lunes, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados ha denunciado que “en Cisjordania, las fuerzas israelíes y los colonos han asesinado a 1.096 palestinos, uno de cada cinco de ellos niños”, en un periodo de 19 meses que se extiende desde los mencionados ataques hasta finales de mayo de 2025.
Así consta en un informe presentado por el responsable de la Oficina, Ajith Sunghay, sobre “violaciones a gran escala del Derecho Internacional, incluyendo crímenes atroces” durante ese periodo, en el que advierte de que “son muchos los incidentes que suscitan preocupación por las muertes ilegales y las ejecuciones extrajudiciales”.
Naciones Unidas ha señalado además que la violencia de colonos contra la población palestina ha provocado desde octubre de 2023 y “hasta la fecha, el desplazamiento de 45 comunidades palestinas enteras” y que estos ataques se llevan a cabo “sistemáticamente con el apoyo, la aquiescencia o la participación de las fuerzas de seguridad israelíes”.
En esta línea, ha subrayado que el Gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu ha “intensificado la militarización del movimiento de colonos, los ha protegido de la rendición de cuentas” y “ahora se beneficia activamente de la violencia de los colonos como catalizador de su declarada agenda de anexión”.
La ONU ha remarcado igualmente que “la desposesión en Cisjordania también es sistemática e implacable”, con un incremento “récord” del 80% en la expansión de los asentamientos desde la llegada al poder del actual Ejecutivo en 2022, “sumando 102 a los 127 que existían previamente”. “Los 33.000 palestinos desplazados de los campos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams en 2025 siguen sin poder regresar a sus hogares”, ha lamentado Sunghay.
A ello se añaden los casos de palestinos en Jerusalén Este, obligados a abandonar sus viviendas “a un ritmo alarmante, entregando sus propiedades a colonos o abriendo espacio para proyectos de asentamiento, incluyendo un parque y un teleférico,” impulsados por las autoridades israelíes.
El jefe de la Oficina ha denunciado también que “las prácticas discriminatorias han reforzado aún más la violación por parte de Israel de la prohibición del apartheid y la segregación racial” y ha advertido de que “no se está haciendo lo suficiente para detener” todas estas políticas aplicadas por las autoridades israelíes.
“El alto el fuego (alcanzado en octubre de 2025 con Hamás para la Franja de Gaza) no ha conllevado ninguna rendición de cuentas significativa por las violaciones cometidas en los años anteriores”, ha indicado, antes de señalar como origen “la prolongada ocupación” ejercida por Israel.
“La impunidad solo fomenta que se repitan los crímenes. La mayoría de los horrores aquí documentados, y los documentados durante décadas anteriores, han quedado impunes, sin ninguna perspectiva de justicia para las víctimas”, ha añadido.
En consecuencia, ha instado a los Estados a adoptar “urgentemente todas las medidas a su alcance” y de conformidad con el Derecho Internacional para poner fin a “la ocupación israelí, garantizar el desmantelamiento de los asentamientos existentes, proteger a los civiles, lograr que todas las partes rindan cuentas por las violaciones graves y garantizar que los palestinos puedan ejercer sus derechos”. “En un contexto como este, la inacción no es pasividad. Es una licencia”, ha concluido.