Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha dado este lunes luz verde a la Administración de Donald Trump para continuar con la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que hasta ahora blindaba frente a la deportación a más de 60.000 migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua. Se trata de un paso más dentro de la estrategia del Ejecutivo estadounidense para eliminar estas salvaguardas a ciudadanos de varios países, entre ellos Venezuela y Haití.
La decisión ha sido adoptada por un panel de tres magistrados del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), que ha dejado sin efecto la orden de un tribunal inferior que tumbaba la resolución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por la que se cancelaba el TPS para los nacionales de los tres países mencionados.
Según el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, los jueces consideran que el Gobierno podrá, “probablemente”, acreditar argumentos como que el tribunal de distrito que frenó la medida de Noem “carecía de jurisdicción”, o que ésta “presentó razones aparentemente legítimas de por qué estaba justificado cancelar el TPS para cada país”.
El panel —integrado por los jueces Michael Hawkins, designado por el demócrata Bill Clinton; Consuelo Callahan, nombrada por el republicano George W. Bush, y Eric Miller, propuesto por el actual presidente estadounidense— ha admitido que su criterio se ha visto condicionado por precedentes en los que el Tribunal Supremo suspendió resoluciones de instancias inferiores que impedían al departamento dirigido por Noem poner fin al TPS para ciudadanos de Venezuela.
En su auto, los magistrados recogen que “el Gobierno afirma que, de no obtener una suspensión, sufrirá perjuicios al no poder implementar su política migratoria preferida (...)”. A la vez, señalan que “por otro lado, los demandantes afirman que la terminación de su estatus podría exponerlos al riesgo de deportación, pérdida de empleo o beneficios médicos, y separación familiar”.
Ante este escenario, explican que deben “que evaluar y sopesar” el “posible perjuicio” alegado por la Administración. No obstante, subrayan que en las dos ocasiones en que el Supremo dejó sin efecto órdenes de tribunales de distrito que bloqueaban la anulación del TPS para Venezuela por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, se plantearon “alegaciones similares de perjuicio por parte de ambas partes”, si bien reconocen que aquellas decisiones “no contenían ningún razonamiento, por lo que no informan (su) análisis de las cuestiones jurídicas de este caso, y las cuestiones, en cualquier caso, no son idénticas”.
“Por las razones expuestas, la orden del tribunal de distrito que anula el fin del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda suspendida en espera de la apelación”, concluye la resolución del tribunal de apelaciones.
Con esta resolución, los jueces se alinean con la postura de la Administración Trump, que pretende retirar las protecciones a unos 50.000 hondureños, 7.000 nepalíes y 3.000 nicaragüenses, lo que facilitaría la reanudación de deportaciones a gran escala.
El dictamen representa un nuevo impulso a la agenda migratoria de Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca. Desde allí ha impulsado cambios para dejar fuera a más de un millón de personas de ocho países de un programa vigente desde hace décadas, que ha permitido residir y trabajar de forma temporal en Estados Unidos a centenares de miles de personas afectadas por conflictos armados, catástrofes naturales y otras crisis graves. Dado que muchas de estas circunstancias se han prolongado en el tiempo, las renovaciones de estas protecciones se habían ido aprobando de manera continuada durante años.