Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha dado este miércoles luz verde al mantenimiento del despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC, una decisión defendida por la Administración de Donald Trump como respuesta a la criminalidad en la capital, pese a que las autoridades locales sostienen que los niveles de delincuencia no son alarmantes.
El panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones para el Circuito de DC ha acordado dejar en suspenso de forma indefinida la orden de una instancia inferior que obligaba al Gobierno de Trump a retirar a los militares de las calles de la ciudad, al considerar que dicha orden calificaba la presencia de tropas como una medida ilegal.
En su argumentación, la jueza Patricia Millett ha advertido de que la salida inmediata de los efectivos de Washington generaría un "profundo nivel de perturbación en las vidas de miles de miembros del servicio que ya han estado desplegados durante cuatro meses".
La magistrada ha recordado además que "dado que el distrito de Columbia es un distrito federal creado por el Congreso, en lugar de una entidad constitucionalmente soberana como los 50 estados", el presidente "posee un poder único para movilizar" a la Guardia Nacional en este territorio.
No obstante, el tribunal ha expresado reservas sobre la extensión de este criterio a otras partes del país. A juicio del panel, "desplegar una Guardia Nacional de otro estado en un estado que no da su consentimiento para llevar a cabo tareas de aplicación de la ley sería constitucionalmente problemático para nuestro sistema federal de gobierno".
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha celebrado el pronunciamiento en sus redes sociales, asegurando que el fallo representa "otra importante victoria judicial" para la Administración Trump y subrayando que "seguirán luchando para defender la agenda" del dirigente republicano.
Bondi ha defendido además los resultados del operativo al afirmar que "nuestro aumento de tropas federales en DC ha salvado innumerables vidas, eliminado cientos de armas ilegales de las calles y provocado una caída drástica de la delincuencia en la capital de nuestra nación".
En sentido contrario, la jueza federal de distrito Jia Cobb, nombrada por el expresidente Joe Biden, resolvió en noviembre que el despliegue de la Guardia Nacional en Washington por parte del Ejecutivo de Trump fue ilegal, al considerar que el uso de estos efectivos para "misiones no militares de disuasión del crimen" sobrepasaba la autoridad conferida al Gobierno federal.
Se espera ahora que el Tribunal Supremo se pronuncie en una fecha aún por determinar sobre el despliegue en el estado de Chicago. Varios procedimientos continúan abiertos en los tribunales estadounidenses en relación con esta estrategia de seguridad, fuertemente cuestionada después de un tiroteo contra dos militares el mes pasado en el que una agente perdió la vida.