Un tribunal de apelación de París ha anulado este miércoles la decisión que archivaba los cargos por conspiración para cometer genocidio contra Agathe Habyarimana, viuda del exmandatario ruandés Juvenal Habyarimana, lo que abre la puerta a que el procedimiento penal en su contra continúe su curso.
Fuentes judiciales de la propia corte han indicado a Europa Press que la orden de sobreseimiento ha quedado sin efecto y que el expediente ha sido remitido de nuevo a los jueces de instrucción, después de que varias partes civiles, junto con la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), recurrieran la decisión.
Las partes civiles sostienen que Agathe Habyarimana integraba el núcleo dirigente del Akazu, una red de extremistas hutu formada por familiares y personas del entorno cercano del expresidente Habyarimana, a la que se atribuye un papel clave en el impulso del genocidio perpetrado en abril de 1994 en Ruanda.
Agathe, que reside en Francia desde 1998 sin un permiso de residencia regularizado, ha mantenido en repetidas ocasiones que tanto ella como sus familiares fueron utilizados como chivos expiatorios por la matanza de unos 800.000 tutsis y hutus moderados durante cien días de asesinatos masivos.
El procedimiento judicial contra la ex primera dama ruandesa —que pidió asilo político en Francia en 2004, solicitud rechazada por París, que sin embargo se negó a entregarla a Ruanda— se inició en 2008 a raíz de una querella presentada por el Colectivo de Partes Civiles para Ruanda (CPCR) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
El derribo con un misil en 1994 del avión en el que se desplazaba el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, junto con el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, fue considerado el desencadenante inmediato del genocidio en el país africano.
Las raíces del enfrentamiento entre hutus y tutsis se hunden varias generaciones atrás, pero la muerte de Habyarimana precipitó una oleada de matanzas dirigidas por la milicia hutu Interahamwee, que puso en marcha una campaña de ejecuciones que, en numerosos casos, implicó despedazar a las víctimas en sus viviendas, en templos, estadios de fútbol o en controles y barricadas.
En la actualidad siguen apareciendo fosas comunes, especialmente desde que algunas de las personas condenadas y que ya han cumplido sus penas han facilitado datos sobre los lugares donde enterraron o abandonaron los cuerpos de sus víctimas.