Una jueza federal de Estados Unidos ha dejado sin efecto una resolución de un tribunal de inmigración que concedía a la Administración de Donald Trump amplias facultades para retener a migrantes sin celebrar audiencias de fijación de fianza. La nueva decisión judicial llega acompañada de duras críticas a las autoridades por la violencia ejercida por agentes federales y por el trato dispensado a las personas extranjeras bajo custodia.
La magistrada Sunshine Sykes sostiene en su resolución que el Ejecutivo estadounidense ha incumplido una sentencia dictada el pasado mes de diciembre, en la que se declaraba ilegal la práctica de negar la opción de obtener la libertad mediante el pago de una fianza a los arrestados, a quienes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha descrito reiteradamente como "lo peor de lo peor".
Con todo, la jueza subraya que "'lo peor de lo peor' es una descripción inexacta de la mayoría de los afectados por las operaciones del DHS y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)". "Quizás, al utilizar este lenguaje extremo, el DHS busca justificar la magnitud y el alcance de sus operaciones contra extranjeros no delincuentes. Quizás esa frase simplemente refleja la severidad y la conducta malintencionada del Gobierno", ha señalado en su auto.
Hasta ahora, a los migrantes se les solía denegar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración únicamente cuando eran considerados recién llegados. No obstante, la Administración Trump rompió con décadas de práctica previa al decidir que también se privara de esa vista a personas detenidas por el ICE tras haber residido durante años en Estados Unidos.
En lugar de acceder a una comparecencia ante un juez, los arrestados se veían obligados a interponer recursos de habeas corpus para intentar su puesta en libertad. La magistrada ha advertido sobre este proceder del Gobierno, ha reclamado "una mayor reparación" frente a esta situación y ha determinado que los migrantes tienen derecho a una audiencia de fianza que sirva asimismo para valorar si pueden seguir su procedimiento en libertad, fuera del centro de detención del ICE donde se encuentren recluidos.
El pronunciamiento judicial incorpora, además, nuevos reproches a la Administración Trump y sitúa las amenazas contra personas extranjeras en un contexto de "terror" que ha generado una "profunda preocupación" entre la ciudadanía estadounidense "por los actos ilegales y descontrolados del poder ejecutivo".
En esta línea, la jueza denuncia que "el poder ejecutivo ha extendido su violencia a sus propios ciudadanos, asesinando a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota", en referencia a Renée Good y Alex Pretti, abatidos a tiros por agentes federales el pasado mes de enero. "Las amenazas que plantea el poder ejecutivo no pueden considerarse de forma aislada", ha añadido, enlazando la actuación violenta de los agentes federales con el modo en que se procesan los casos de migrantes detenidos.