QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El lunes, los países miembros de la Unión Europea decidieron extender por un año adicional las sanciones impuestas a la élite gobernante de Nicaragua, dirigidas a contrarrestar la agresiva represión del gobierno de Daniel Ortega, especialmente en lo que respecta al deterioro democrático y las violaciones continuadas de derechos humanos desde las manifestaciones opositoras de 2018.
Las restricciones se aplican a 21 individuos y tres entidades, incluyendo a Rosario Murillo, la vicepresidenta y esposa de Ortega, así como a su círculo cercano, que abarca hijos, parientes y asesores. La lista negra se ha extendido también a oficiales de policía acusados de reprimir mediante fuerza excesiva, detenciones y torturas a la sociedad civil y la oposición democrática en el país.
Estas personas y entidades tienen prohibido el ingreso a territorio de la UE y sus activos dentro del bloque están congelados, impidiendo así que cualquier individuo o empresa proporcione fondos a los sancionados dentro de la Unión.
Además de la persecución a disidentes y la censura a medios independientes, el régimen de Ortega ha revocado la nacionalidad a cientos de opositores, enviándolos a Estados Unidos, donde el Gobierno español ha intervenido ofreciendo la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a varios de estos exiliados.
Con la renovación de las sanciones, la Unión Europea reafirma su exigencia de restaurar las libertades fundamentales en Nicaragua, liberar a todos los presos políticos y permitir el retorno de organizaciones internacionales de Derechos Humanos al país.
En respuesta a la creciente violencia, la UE también solicita el cese de las limitaciones al espacio cívico, el respeto por el derecho a la disidencia y el fin de la represión tanto dentro como fuera de Nicaragua, instando a Managua a reactivar la cooperación con las Naciones Unidas y otras entidades internacionales importantes.
En febrero de este año, el Parlamento Europeo instó a los estados miembros a promover investigaciones por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) y a juzgar a altos funcionarios del gobierno nicaragüense en un tribunal internacional por presuntos crímenes contra la humanidad.
