Un sistema a dos velocidades: mínimas al alza, máximas contenidas
La actualización de las pensiones para 2026 consolida una revalorización asimétrica. Mientras el conjunto del sistema sube un 2,7%, las pensiones mínimas con cargas familiares se incrementan un 11,4%, muy por encima de la inflación, y las mínimas sin cargas lo hacen un 7%.
El objetivo explícito del Gobierno es reforzar la protección de los pensionistas con menos recursos, en un contexto de presión creciente sobre el sistema por el envejecimiento de la población.
El suelo de las pensiones: cuánto se garantiza como mínimo
El Boletín Oficial del Estado concreta el nuevo “suelo” de las prestaciones contributivas. Un jubilado de 65 años con cónyuge a cargo tendrá garantizados 17.592 euros anuales, mientras que sin cónyuge a cargo la cuantía mínima será de 13.107 euros.
En los casos de gran incapacidad, la pensión mínima alcanza los 26.386 euros al año.
Estas cuantías se activan mediante los complementos a mínimos, que actualmente benefician a más de 2,1 millones de pensiones en España.
Pensiones no contributivas: el mayor salto porcentual
Las pensiones no contributivas, destinadas a quienes no han cotizado lo suficiente, protagonizan uno de los mayores incrementos. En 2026 se situarán en 8.803,2 euros anuales, equivalentes a 629 euros al mes en 14 pagas.
Este tipo de prestación alcanza a 471.000 personas, mayoritariamente mujeres, y puede verse incrementada en función de circunstancias familiares específicas, como la existencia de menores con discapacidad a cargo.
El techo del sistema: la pensión máxima
En el extremo opuesto, el BOE fija el límite máximo de las pensiones públicas en 47.034,4 euros anuales. El incremento aplicado, del 2,815%, es ligeramente superior al general, pero solo afecta a los nuevos pensionistas.
Este ajuste va ligado al refuerzo de ingresos del sistema mediante mayores cotizaciones de los salarios altos, no a una mejora generalizada de las pensiones máximas ya reconocidas.
Cotizaciones más altas para sostener el modelo
El decreto eleva la base máxima de cotización hasta los 5.101,2 euros mensuales y aumenta el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) hasta el 0,9%, repartido entre empresa y trabajador. También sube la cuota de solidaridad que grava los salarios más elevados.