Rubricada, 12 campanadas mediante, la consumación del 2025, es momento de proyectar los propósitos para el año nuevo. El retrovisor del balance deja paso al lienzo en blanco de un horizonte más que incierto para el Gobierno. El 2026 se antoja vital para Pedro Sánchez. La legislatura permanece en el alambre por la presión de sus socios ante los escándalos de corrupción y acoso sexual que han sacudido al PSOE, Junts se ha descolgado de un bloque de investidura al que no le dan los números para aprobar leyes en el Congreso, los Presupuestos llegan tarde y sin garantía alguna de prosperar, el problema de la vivienda no se esfuma y, por si fuera poco, los habituales dimes y diretes del ciclo electoral (Aragón, Castilla y León y Andalucía) tensarán más aún las relaciones entre partidos.
La oposición, Partido Popular y Vox, insisten en que el escenario requiere de un adelanto electoral, pero Sánchez está empeñado en agotar la legislatura en tiempo y forma. Para ello, la primera tarea del curso será zurcir las maltrechas costuras del bloque de investidura. El propio presidente es consciente de su debilidad parlamentaria, por lo que lleva semanas lanzando guiños a Junts para recuperar sus siete escaños. “Tendemos la mano y continuamos, con diálogo”, dijo durante su balance de final de año en Moncloa.
La primera tarea del curso será zurcir las maltrechas costuras del bloque de investidura
Unas palabras sostenidas con hechos. El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para regular un nuevo sistema de cobertura para los propietarios frente a posibles impagos en el alquiler de jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, una demanda de Junts. También aceleró en las últimas semanas de 2025 la proposición de ley impulsada por la formación de Carles Puigdemont en materia de multirreincidencia, que modificaría el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, España elevará una propuesta para que Cataluña y Euskadi sean asociados de la UNESCO y de la Organización Mundial del Turismo, un gesto que no figuraba en la panoplia de acuerdos de investidura y que pilló a todos los aliados por sorpresa.
Con estos gestos, se aspira a recuperar el pulso de la relación con Waterloo. El tiempo corre y el listado de leyes a las que Junts se comprometió a facilitar su tramitación, se acaba. De las cinco, solo quedan por concretar su camino al BOE el Proyecto de Ley de Economía Social, que se encuentra en el Senado, y el del Cine, bloqueado en el Congreso al calor de sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas.
Vasos comunicantes y líneas rojas
Cual funambulista, Sánchez debe cuidar el equilibrio para que el acercamiento a los postulados de Junts no le aleje de los de sus aliados más habituales, empezando por su compañero de Gobierno, Sumar, que rechazó tanto el impulso a la multirreincidencia y el aval al alquiler.
Fuentes consultadas por Demócrata reiteran que, si bien es necesario negociar con Junts para disponer de una corpulencia parlamentaria que permita sostener la legislatura y aprobar iniciativas, el PSOE no debe perder de vista que el objetivo siempre debe ser aprovechar esa mayoría para aterrizar la agenda progresista.
Sumar recuerda al PSOE que negociar con Junts debe servir para disponer una mayoría que aterrice la agenda progresista
Para mantener a todos en la ecuación, Moncloa continúa pactando con EH Bildu medidas sociales, como la moratoria de antidesahucios y la garantía de suministros básicos; y prepara una reunión al más alto nivel con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para enero, fecha en que Pedro Sánchez y Oriol Junqueras se citarán para evaluar la situación y esbozar una hoja de ruta para lo que resta de legislatura.
Mantener relativamente unido el bloque de investidura para aterrizar la agenda legislativa y regulatoria está muy bien como propósito de año nuevo, pero todo depende de que la sombra de la corrupción no escale. La línea roja impuesta por los grupos es clara: si se desvela que existió financiación irregular en el PSOE, pedirán elecciones anticipadas.
El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, verbalizó el sentir: “No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium, porque al final lo que les diremos es que la gente decida”.
Hasta ahora, los socios han tragado el sapo de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y compañía. A regañadientes y con puños muy apretados, pero han tragado. Ahora bien, aseguran que no pasarán una más, por lo que el devenir de la legislatura pasa por que la corrupción no escale y, en tal caso, el PSOE habrá de responder con verdadera contundencia y de forma proporcional a la gravedad de la situación.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, exigió una crisis de Gobierno a la que Sánchez ha hecho caso omiso. Los cambios han sido quirúrgicos. En Moncloa, Milagros Tolón ha asumido la carteta de Educación, Formación Profesional y Deportes en sustitución de Pilar Alegría, y Elma Saiz asume la portavocía. En Ferraz, se ha reestructurado la secretaría de Organización, con Rebeca Torró al frente.
Engrasar la relación con Junts, mantener el bloque de investidura y cercar la corrupción son propósitos ambiciosos; y por si fuera poco, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero ha puesto más deberes. En una columna de opinión en Demócrata, urge al PSOE a reaccionar. A su juicio, permanece bloqueado, inmóvil, y necesita levantar vuelo a base de iniciativas que otorguen más derechos, justicia social y dignidad para la mayoría social.
Sí, se puede
El Ejecutivo presentará en el primer trimestre de 2026 un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aunque más que una prioridad, es un anhelo. Ante un potencial rechazo, el Gobierno insiste en que la prórroga presupuestaria no ha impedido la adopción de medidas relevantes, como el escudo social o la revalorización de las pensiones. Así lo sostuvo la recién designada portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Así que sí, se puede, no los Presupuestos, sino gobernar sin ellos. O al menos, así lo entienden.
Piedras de toque
El Gobierno no tardará en comprobar cuan frágil es su influencia parlamentaria. En los primeros compases del año, en concreto entre mediados y finales de enero, está previsto que se convoque un Pleno extraordinario para convalidar los decretos-ley aprobados en el último Consejo de Ministros del 2025.
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Será entonces cuando se juegue su escudo social. A sol de hoy, no atesora los apoyos por la ruptura con Junts, y el PP se inclina por asestar cuantas estocadas sean menestar con tal de no dar oxígeno a Sánchez, por lo que Moncloa no podrá contar con la bancada de Alberto Núñez Feijóo. La invitación al optimismo radica en que se ha armado de tal manera que no ofrezca excusas a nadie para descarrilar. Es una prórroga, no incluye medidas nuevas. Además, las ayudas al transporte van por su propio carril, desvinculadas del ómnibus y sin exigir a las Comunidades Autónomas que se comprometan a aportar un porcentaje concreto.
Otras cuatro leyes -en distintas fases- están pendientes de avanzar a comienzos de año y serán las primeras piedras de toque. El Proyecto de Ley de Economía Social, que se encuentra en el Senado, cuenta con el aval de Junts, por lo que serviría para comenzar con buen. En la columna de balance de año publicada en Demócrata, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, aseguró que “pronto será una realidad”.
El dictamen de la proposición de ley de Junts sobre multirreincidencia está pendiente de recibir el visto bueno del Pleno del Congreso para ser remitido al Senado. Será una buena ocasión para testear la salubridad de la coalición PSOE-Sumar puesto que los de Yolanda Díaz han criticado duramente la propuesta.
En etapas menos avanzadas se encuentran dos iniciativas vitales para el Ejecutivo y sus socios. Por un lado, la Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones. Se firmaron 19 enmiendas transaccionales (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG) y está pendiente de que la Presidencia de la Comisión de Vivienda, en manos del PP, convoque la sesión para emitir dictamen y elevarlo a Pleno.
Por otro lado, el Proyecto de ley de Protección de menores en entornos digitales ya cerró el plazo de enmiendas. El Ejecutivo pretendía haberlo aprobado en Congreso antes de concluir 2025, pero no fue posible. Muchas son las enmiendas pendientes de negociación. La iniciativa no es de las que cuenta con el aval de Junts y el sector está agitado por las dudas sobre quién debe asumir la responsabilidad del control parental, si fabricantes u operadores, y por las exigencias del etiquetado de productos tecnológicos.
Todo lo antecitado no son más que los entrantes de un menú para 2026 con cambiapaladares en forma de elecciones autonómicas: Aragón, el 8 de febrero; Castilla y León en marzo; y Andalucía en junio.