La cara oculta del 23-F: los centros de poder que pararon el golpe

Se cumplen 45 años desde que "sonando ráfagas de metralleta" quedase interrumpida la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. El 23 de febrero de 1981 el hemiciclo del Congreso registraba una afluencia mayor a lo habitual: no era un Pleno más. En juego estaba la sucesión de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, que un mes antes había dimitido con el ánimo (sin éxito) de templar el ruido de sables.

Tras la irrupción en el hemiciclo del teniente coronel Antonio Tejero, todo el poder ejecutivo y gran parte del legislativo quedaron retenidos durante las siguientes 17 horas con el consecuente e incierto vacío de poder. Pese a todo, el Estado resistió.

Los focos se pusieron sobre el Congreso, Prado del Rey (sede de RTVE) y la Zarzuela. Precisamente por eso, en el Ministerio del Interior, en el Senado y en el Hotel Palace, se pudo maniobrar para revocar la situación.

1.900 metros

Entre las personalidades que fueron secuestradas en el Congreso, se encontraban el presidente del Senado, Cecilio Valverde, y un grupo de senadores. Al tener noticias del asalto a la Cámara Baja, Emilio Casals, secretario segundo de la Mesa del Senado, y a Amalia Miranzo, secretaria tercera, se trasladaron rápidamente a las inmediaciones de la Cámara Alta.

Con el sol ya puesto, y a 1.900 metros del epicentro golpista, en la Plaza de la Marina (donde está ubicado el Senado), Casals y Miranzo contactaron telefónicamente con el vicepresidente segundo, Ramón Rubial (PSOE) y con el secretario cuarto, Joaquín Martínez Bjorkman (PSOE), que estaban en Bilbao y en Córdoba, respectivamente, y que pusieron rumbo a Madrid de inmediato.

Junto al Presidente del Senado, también se encontraban sometidos en el Congreso el vicepresidente primero, Juan Carlos Guerra Zunzunegui (UCD) y el secretario primero, José Luis López Henares (UCD). En decir, de los siete miembros de la Mesa, tres estaban retenidos, dos se habían lanzado a la carretera para intentar llegar a la capital lo antes posible y solo dos estaban en condiciones de actuar.

Tras constituir la Mesa, la primera decisión que tomaron Casals y Miranda fue hacer llegar a la Zarzuela la certeza de que el Senado iba a quedar «a disposición del Jefe del Estado para cuanto hubiese que actuar en defensa de la Constitución y de la normalidad democrática».

Entrada ya la madrugada, sin novedades sobre lo que estaba ocurriendo en el hemiciclo y sabedores de los sucesos en Valencia, donde el capitán general Jaime Milans del Bosch había sacado los tanques a la calle, dieron un paso más: convocar al Pleno para la mañana siguiente y difundir un comunicado a través de la agencia EFE en el que el Senado se reafirmaba como representante de la soberanía popular.

La única autoridad

Si la reducida Mesa del Senado actuó como valedor del poder legislativo durante el 23F, con el Gobierno también secuestrado, el poder ejecutivo quedó en manos de la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios de Estado (CGSEYS). Constituida en la sede del Ministerio del Interior y bajo el mando de Francisco Laína (entonces director de Seguridad del Estado con rango de secretario de Estado), asumió las funciones y la alta dirección de la Administración, dando lugar a un "Gobierno provisional".

En el Salón Regio del Ministerio del Interior y ante un cuadro del Rey Juan Carlos I, se congregaron 35 cargos para "garantizar a sus compatriotas que ningún acto de fuerza destruirá la convivencia democrática que el pueblo libremente desea y que se plasma en el texto de la Constitución a la que civiles y militares han jurado proteger". Desde la calle Amador de los Ríos, se emitieron un total de seis comunicados a los 50 gobernadores civiles de las provincias con órdenes precisas para hacer frente a lo que estaba ocurriendo.

"Aquel día no sólo lloró el Rey, yo también lloré cuando se liberó el Congreso de los Diputados", recordó Laína en 2011, durante un homenaje a Adolfo Suárez organizado por la Asociación para la Defensa de la Transición en el Museo de la Transición de Cebreros (Ávila).

Esta Junta Civil, el Tribunal Constitucional a través de su presidente, Manuel García-Pelayo,y la Mesa del Senado, estuvieron en contacto toda la noche pendientes del desarrollo de los acontecimientos en la Carrera de San Jerónimo y de las palabras que Juan Carlos I había pronunciado en TVE.

¿Qué fue del cuarto poder?

Aunque la Constitución solo reconoce tres poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial, en 1981 los militares seguían teniendo una gran influencia que los erigía como cuarto poder. Un título que se disputaban con la prensa, que se había convertido en un elemento imprescindible para la consolidación de la democracia. La madrugada del 24 de febrero, el poder militar y mediático convergieron en un mismo punto: el Hotel Palace.

En aquellas horas inciertas, el vestíbulo del histórico hotel situado en la Carrera de San Jerónimo dio cobijo a las decenas de periodistas que no podían traspasar el perímetro definido por los asaltantes, pero que se resistían a esperar noticias desde sus redacciones.

También, en el mismo escenario en el que un año después Felipe González y Alfonso Guerra celebrarían la llegada de un gobierno socialista, se reunieron durante la intentona golpista, los mandos militares a los que se encomendó atajar la sublevación. El director general de la Guardia Civil José Luis Aramburu Topete instaló su cuartel en el despacho del director del hotel. La localización privilegiada a escasos metros de la zona cero del golpe y su rango, le permitió adentrarse en el Palacio del Congreso y reprochar a Tejero los hechos. El teniente coronel le recibió con la pistola en la mano y amenazó con pegarse un tiro antes de rendirse. Aramburu fue el encargado de trasaladar que la Guardia Civil estaba de parte de la democracia y que el retén que había asaltado el Congreso era una excepción.