El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expresado su preocupación porque, según ha subrayado, la “impunidad sigue siendo la norma” frente a los ataques contra la misión médica en conflictos como Sudán, Palestina o Ucrania, que solo en 2025 causaron más de 2.000 muertos entre población civil y personal sanitario.
Albares ha intervenido en la apertura del acto institucional “La protección de la misión médica en el 10º aniversario de la Resolución 2286”, una iniciativa impulsada, entre otros, por España, donde ha denunciado que “en escenarios como Sudán, como Palestina, como Ucrania, la resolución ha quedado reducida a una mera declaración de intenciones”.
Durante su discurso, el titular de Exteriores ha remarcado que “la destrucción de hospitales e instalaciones sanitarias es sin duda alguna una de las fórmulas más crueles de violencia” y ha subrayado que este tipo de ataques “no solo causa víctimas inmediatas, condena a miles de personas a vivir sin atención médica básica, dificulta la recuperación entre los conflictos, erosiona la confianza de las instituciones y obstaculiza la reconciliación y la paz”.
Ha recordado que la Resolución 2286 se aprobó precisamente para “impedir y prevenir” agresiones contra infraestructuras y personal sanitario, obligando a los Estados a “revisar procedimientos militares, garantizar la identificación de instalaciones sanitarias, formar a sus fuerzas armadas en Derecho Internacional Humanitario e investigar de manera independiente los ataques”. Sin embargo, ha lamentado que “la realidad es que la impunidad sigue siendo la norma”, evitando citar a ningún país en particular.
Investigaciones insuficientes y nuevas tecnologías
El jefe de la diplomacia española ha criticado que “las investigaciones de los ataques contra la misión médica suelen ser escasas y en muchas ocasiones completamente inexistentes”. Ha añadido que “los responsables es rarísimo que comparezcan ante la justicia y el uso de nuevas tecnologías, muy en especialmente los drones de bajo coste, multiplican el número de víctimas civiles”.
Albares ha insistido en que “la lucha contra la impunidad exige investigaciones rápidas, independientes, transparentes, mecanismos internacionales cuando los estados no puedan o no quieran investigar, documentación rigurosa de los ataques” y “un apoyo decidido a los tribunales nacionales e internacionales”, entre ellos el Tribunal Penal Internacional, que está “sometido en estos mismos momentos a una presión inaceptable”.
En su intervención, el ministro ha advertido de que “los principios humanitarios de neutralidad, de imparcialidad, de humanidad, de independencia están en entredicho y los trabajadores médicos y sanitarios son cada vez más estigmatizados e incluso en ocasiones, como hemos visto en Gaza, criminalizados”, en una alusión indirecta a la actuación de Israel, aunque sin nombrarlo.
Ha recalcado que “en tiempos de guerra pocas normas son tan esenciales como aquellas que garantizan que quienes curan, que quienes salvan vidas puedan desarrollar su labor sin convertirse en objetivo” y ha alertado de que “cada hospital destruido, cada ambulancia atacada, cada médico profesional sanitario asesinado es una derrota colectiva para todos nosotros”.
Por este motivo, ha defendido que, una década después de la aprobación de la Resolución 2286, “el mundo no puede permitirse seguir mirando hacia otro lado”. A su juicio, “la comunidad internacional debe actuar con determinación, con coherencia, con convicción de que proteger la misión médica es proteger la propia dignidad humana”.