El Ejecutivo ha comunicado que este miércoles procederá a desclasificar un total de “153 unidades documentales” vinculadas con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, “toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento”, que estará accesible para la ciudadanía a partir del mediodía a través de la web de Moncloa.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha sido quien ha dado a conocer la decisión, subrayando que estos papeles, que durante años “han permanecido clasificados bajo una normativa franquista”, podrán ser consultados por “historiadores, investigadores y la propia ciudadanía” mediante los canales oficiales. Según fuentes gubernamentales, los Ministerios de Exteriores, Defensa e Interior son los encargados del proceso de digitalización.
Saiz ha indicado que, con esta iniciativa, España pone fin a “una situación atípica en las democracias”, recordando que Alemania ya difundió en 2012 “documentos relacionados con este pasaje de nuestra historia”. Al mismo tiempo, ha expresado su confianza en que el proyecto de ley de Información Clasificada salga adelante en el Congreso “para que decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma”.
Al ser preguntada por si esta apertura documental puede modificar el relato del 23-F o el papel desempeñado por el entonces Rey Juan Carlos I, la ministra ha reiterado que se va a hacer pública toda la información localizada sobre el golpe, puesto que no existe “un único sitio” donde se concentren los documentos. Entre el material que se difundirá, Saiz ha mencionado “informes, transcripción de conversaciones” y posiblemente “alguna imagen”.
En esta línea, desde Moncloa precisan a Europa Press que se trata de archivos en formato PDF y que, por tanto, no se incluye material sonoro ni videográfico.
La portavoz ha defendido que, 45 años después del 23-F, ha transcurrido ya un “tiempo prudente y suficiente” y ha resaltado que, en un contexto en el que “el algoritmo tiene una fuerza extraordinaria para difundir bulos y desinformación”, la desclasificación contribuye a evitar que “la ultraderecha siga utilizando las conspiraciones “para difundir teorías” o desinformar a los jóvenes “que piensan que con Franco se vivía mejor”.
Compromiso con la memoria democrática
En este marco, y cuestionada sobre la posibilidad de levantar el secreto a otros archivos, como reclaman Bildu, PNV o Junts, Saiz ha remarcado el “compromiso firme” del Ejecutivo con la memoria democrática y ha recalcado que el Gobierno “ha llegado hasta donde podía llegar”.
La ministra también ha destacado el proyecto de ley de Información Clasificada aprobado por el Consejo de Ministros en 2025, que busca reemplazar la normativa franquista de secretos oficiales y que se tramita actualmente en el Congreso. “Confío y apelo a los grupos políticos para que esa ley de sea una realidad. Para que lo que estamos contando hoy no sea una excepción, sino que sea la norma”, ha afirmado.
Esta iniciativa legislativa, para la que Saiz ha pedido “consenso” a las diferentes formaciones, prevé la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales catalogados como “alto secreto”; a los 35 años para los considerados “secreto”; entre 7 y 9 años para la información “confidencial” y entre 4 y 6 años para la información “restringida”.
Trabajo técnico y garantías de seguridad
Fuentes gubernamentales detallan que Exteriores, Defensa e Interior son los departamentos titulares de los documentos que se van a abrir y, por tanto, los responsables de todo el procedimiento.
Tras la aprobación en el Consejo de Ministros de la norma que autoriza la difusión de esta información hasta ahora reservada, equipos especializados de cada uno de estos ministerios trabajan en la digitalización del conjunto del archivo con el objetivo de que esté colgado este miércoles y pueda ser consultado por cualquier ciudadano.
En el Ejecutivo admiten que aún no se conoce con exactitud el contenido pormenorizado de lo que se hará público y que habrá que esperar a la fecha señalada, pero sostienen que, transcurridos 45 años desde el golpe, la publicación no comprometerá la seguridad nacional.
Relación con la Casa Real y límites de la desclasificación
Entre la documentación que se liberará no figura el sumario judicial del proceso contra los responsables del golpe, ya que nunca fue declarado secreto y continúa bajo la custodia del Tribunal Supremo.
Desde Moncloa señalan igualmente que, antes de que el presidente Pedro Sánchez hiciera público el levantamiento del secreto sobre estos documentos, el Gobierno informó previamente a la Casa Real.