El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha solicitado el viernes a los países miembros de la Unión Europea no obstaculizar ni demorar la solicitud de España para que el catalán, euskera y gallego sean reconocidos como lenguas oficiales de la organización. A pesar de que algunos estados han manifestado ‘dudas’ sobre aspectos legales y económicos, el Gobierno español asegura que estas inquietudes ya han sido resueltas.
En este contexto, Sampedro ha expresado su disposición al ‘diálogo’ y ha ofrecido proporcionar todas las aclaraciones necesarias durante el debate que se llevará a cabo en el Consejo de Asuntos Generales de la UE en Bruselas. No obstante, ha advertido que ‘lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente’.
‘Quizá hay otros motivos que explican sus posiciones, pero desde luego no es la falta de información, no es la falta de explicaciones y no hay ningún argumento, ni económico, ni en términos legales, ni en términos de precedentes que pueda justificar retrasar esta iniciativa un minuto’, enfatizó Sampedro. Cuando se le preguntó si creía que había motivos políticos detrás de las reservas, respondió: ‘Preguntádselo a ellos’.
Desde el acuerdo con Junts en agosto de 2023 para defender la oficialidad del catalán en la UE, el tema ha sido discutido en varias reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE. Este viernes será la séptima vez que se trate el tema a nivel ministerial, aunque no se espera que se someta a votación dada la falta de consenso unánime necesario.
Varias delegaciones, incluyendo las de Polonia y Dinamarca, han expresado sus ‘muchas dudas’ sobre la premura de tomar una decisión. La ministra austríaca para Europa, Claudia Plakolm, ha indicado que su gobierno no respaldará ninguna solicitud sobre la oficialidad de las lenguas cooficiales mientras no se resuelvan las reservas legales planteadas.
Ante esta situación, Sampedro ha reiterado que España ha proporcionado información detallada para responder a todas las consultas de sus socios y ha modificado la última propuesta para incluir el compromiso del Gobierno de asumir todos los costes que implique la oficialidad de las lenguas cooficiales. La Comisión Europea, por su parte, ha realizado una evaluación ‘preliminar’ que estima un coste de 132 millones anuales para el reconocimiento de estas lenguas, pero ha ofrecido realizar una evaluación más específica si España o el Consejo lo solicitan.
‘No se trata de confrontar, se trata de dialogar’, ha subrayado Sampedro, quien ha destacado que el Gobierno español ha respondido a ‘todas las dudas’ y está abierto a resolver cualquier nueva cuestión que haya surgido desde el último debate. Además, ha enfatizado que la iniciativa es crucial para ‘acabar con una discriminación’ hacia ’20 millones de europeos’ y ha asegurado que el reconocimiento de estas lenguas está ‘más cerca aún que nunca’.