El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha calificado este lunes de “insuficiente” el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la desclasificación de documentación oficial relativa al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y le ha instado a que antes de que termine la legislatura se apruebe una nueva Ley de Secretos.
Coincidiendo con el 45 aniversario del 23F, este 23 de febrero de 2026 el jefe del Ejecutivo ha avanzado que el Consejo de Ministros de este martes dará luz verde a la desclasificación de los documentos vinculados al golpe de Estado.
Maíllo ha valorado este anuncio como “una buena noticia”, aunque a la vez “insuficiente”, al entender que el paso realmente necesario es sacar adelante una nueva Ley de Secretos Oficiales y hacerlo dentro de la legislatura en curso.
Críticas a la ley franquista de 1968
El dirigente de IU ha apuntado que, de haber ocupado la Presidencia del Gobierno, ya habría procedido a desclasificar esos expedientes. En cualquier caso, subraya que la prioridad debe ser la aprobación de una norma que sustituya “la ley infame de secretos oficiales del franquismo de 1968”.
“Ya era hora que se desclasificara esta documentación”, ha manifestado también el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ante los medios, remarcando que, pese a tratarse de “una buena noticia”, IU rechaza que las desclasificaciones se acometan “por trozos, aleatoria o arbitrariamente”.
Tras recordar los intentos fallidos de reforma de la Ley de Secretos Oficiales, Santiago ha apelado a todas las fuerzas políticas democráticas para que se reactive la tramitación de la nueva ley “con urgencia”, al considerar que “la democracia requiere transparencia” y que existen “demasiados asuntos” en España en los que no se pueden abrir investigaciones judiciales ni acceder a archivos por culpa de una norma “absolutamente anticuada”.
Según el dirigente de IU, si la Ley de Información Clasificada se hubiera aprobado en la legislatura anterior, toda la información relativa al 23-F estaría hoy “absolutamente desclasificada”. Aunque ha valorado el anuncio realizado por Sánchez, ha recalcado que se trata de “una cosa muy seria”, ligada “con la transparencia, con la calidad de la democracia” y que, por ello, “no puede irse haciendo por trozos para buscar titulares”.
El papel del Estado y del Rey emérito
Preguntado por lo que esperan hallar en esa documentación sobre la intentona golpista, Santiago ha indicado que la comunidad de historiadores e investigadores “siempre” ha señalado la “connivencia” de altos aparatos del Estado en el 23-F, así como el papel desempeñado por el actual Rey emérito, Juan Carlos I, “que tardó aproximadamente seis horas en salir a oponerse al golpe de Estado”.
Para Santiago, es “un necesidad democrática” que la ciudadanía española conozca quiénes orquestaron “el mayor atentado contra la democracia” desde la muerte del dictador Francisco Franco, aunque asume que, 45 años después, será “prácticamente imposible” depurar todas las responsabilidades ante los tribunales, bien porque “muchos habrán fallecido”, bien porque se trataría de “delitos prescritos”.
La modificación de la actual Ley de Secretos Oficiales es una demanda histórica de varias formaciones, entre ellas el PNV, que ha registrado sucesivas iniciativas en las últimas legislaturas, siempre bloqueadas por las continuas ampliaciones de los plazos de enmiendas.
Mientras la propuesta de los nacionalistas permanece paralizada, el Consejo de Ministros aprobó el pasado verano su propio proyecto de Ley de Información Clasificada, impulsado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que fue remitido igualmente al Congreso para su tramitación parlamentaria y que también se encuentra ‘congelado’.
Claves del proyecto de Ley de Información Clasificada
El texto del Gobierno establece el deber del Estado de proteger mediante clasificación la información sensible que pueda afectar a la defensa nacional y a la seguridad ciudadana, pero procurando su compatibilidad con el derecho a la información y con la transparencia.
La iniciativa fija que la clasificación tendrá carácter excepcional y deberá estar debidamente motivada, y precisa que la información relativa a graves vulneraciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser clasificada.
Asimismo, incorpora el principio de desclasificación automática y define plazos según el nivel de secreto de los documentos. La información marcada como “Secreto” deberá desclasificarse transcurridos treinta y cinco años, con una posible prórroga de diez años más, también excepcional y justificada; en total, 45 años, el mismo periodo que se cumple ahora desde la intentona golpista del 23-F de 1981.